Luis Arce Catacora encara los últimos meses de su mandato con medidas que, lejos de transmitir confianza, han encendido las alarmas en la economía boliviana. La primera: la venta adelantada de reservas de oro del Banco Central de Bolivia (BCB). La segunda: el proyecto de ley que suspende embargos y difiere por seis meses los pagos de créditos de vivienda social y de micro y pequeñas empresas. Ambas decisiones, presentadas como soluciones de emergencia, revelan la precariedad del modelo económico y siembran riesgos de largo alcance.
El manejo de las reservas de oro ha sido uno de los asuntos más sensibles en este tramo final de gestión. Entre mayo y agosto de 2025, el BCB comprometió más de ocho toneladas de oro -casi el 35% de sus reservas}- en operaciones a futuro con bancos internacionales. A cambio recibió alrededor de 800 millones de dólares destinados al pago de combustibles e importaciones básicas. Desde el Gobierno se insiste en que no se trata de una venta definitiva, sino de operaciones respaldadas por normativa vigente. Sin embargo, lo que preocupa no es la legalidad formal, sino la fragilidad de una política que adelanta liquidez a costa de comprometer activos estratégicos.
La ley establece que un mínimo de 22 toneladas debe permanecer en las bóvedas del país. Hoy, apenas 2,2 toneladas están bajo resguardo interno. El resto reposa en bancos extranjeros, convertido en divisas y sometido a contratos que hipotecan la capacidad soberana de decisión sobre el oro. El argumento de que “sería ilógico mantenerlo en bóvedas” resulta débil cuando lo que está en juego es la confianza en las reservas internacionales.
La segunda medida, la ley de diferimiento y suspensión de embargos, agrava la incertidumbre. El Gobierno pretende aliviar temporalmente a las familias que no pueden pagar sus cuotas, un objetivo comprensible en un escenario de crisis. Pero lo hace a costa del sistema financiero en su conjunto. Obligar a los bancos a suspender cobros y ejecuciones de garantías -incluso en casos de prestatarios puntuales- rompe la cadena básica de confianza: los ahorristas depositan dinero para que este sea prestado y, a su vez, devuelto en el tiempo pactado. Si el banco no cobra, no puede devolver. Y sin ahorro, simplemente no hay crédito.
Economistas advierten que la medida introduce un incentivo perverso: si pagar puntualmente deja de ser obligación, se destruye la moral de pago. Además, al suspender embargos, se desprotege al ahorrista en beneficio del deudor, trasladando el costo de la crisis a quienes confían sus recursos al sistema financiero. El resultado inmediato puede ser un aumento en las tasas de interés y una contracción aún mayor del crédito, golpeando a las mismas familias y empresas que la norma dice proteger.
Ambas decisiones, vistas en conjunto, muestran un patrón: medidas paliativas que trasladan los costos hacia adelante, comprometiendo recursos estratégicos y debilitando pilares básicos de la economía. El oro, patrimonio de todos los bolivianos, no debería ser el recurso fácil para tapar déficits coyunturales. Y el crédito, motor de inversión y consumo, no puede manipularse con criterios políticos a riesgo de dinamitar la confianza en el sistema financiero.
Bolivia necesita certezas, no improvisaciones. Vender el oro y desordenar el sistema financiero puede aliviar momentáneamente el presente, pero compromete la seguridad del mañana. La historia económica del país enseña que los atajos suelen ser caros.