Han pasado apenas días desde que el nuevo gobierno reveló lo que bautizó como una “autopsia al Estado”: una evaluación preliminar que sitúa en, al menos, quince mil millones de dólares el saqueo que habría sufrido la república durante la última gestión. Esa cifra —si se confirma— no es solo un número: es la cuantificación de años de impunidad, de decisiones públicas convertidas en botín privado, y del abandono deliberado de funciones esenciales que ahora están rotas o sin recursos para atender a la ciudadanía.
La gravedad del hallazgo exige una reacción proporcional y, sobre todo, profesional. No se trata de ajusticiar símbolos ni de satisfacer revanchas; se trata de restituir bienes al pueblo, de abrir procesos judiciales robustos y transparentes, y de diseñar sanciones capaces de disuadir que algo así vuelva a repetirse. La primera exigencia es, entonces, claridad factual: publicar auditorías forenses que documenten responsables, montos, rutas de lavado y beneficiarios —personas y empresas—; presentar al país expedientes que permitan distinguir entre errores de gestión, negligencia grave y crimen organizado de Estado.
La segunda exigencia es institucional: las investigaciones deben comandarse desde órganos independientes y con asistencia internacional en trazabilidad financiera. Bolivia no puede permitirse que la reapertura de casos cruciales se haga en despachos que puedan ser acusados de parcialidad o incapacidad técnica; la cooperación de organismos y peritos externos es indispensable para seguir el dinero en paraísos y estructuras complejas. Solo así las solicitudes de asistencia mutua, los congelamientos y las extradiciones tendrán fundamento irreversible.
Finalmente, la respuesta punitiva debe ser severa pero jurídica: inhabilitaciones administrativas, sanciones económicas proporcionales, decomisos y, cuando exista evidencia, procesamientos penales con todas las garantías procesales. No basta con expulsiones partidarias o con discursos grandilocuentes: es imprescindible que la ley alcance a quienes se beneficiaron personalmente —desde ministros hasta directores y operadores financieros— y que se establezcan mecanismos civiles de reparación del daño patrimonial. En ese punto, la transparencia del destino de los activos recuperados será clave: un fondo de recuperación con auditoría pública y uso prioritario en salud, educación e inversión productiva devolverá legitimidad.
Que la indignación no nos nuble: la persecución selectiva basada en afinidades políticas o en sospechas generales deslegitima la acción y abre la puerta a acusaciones de venganza. Sin embargo, tampoco cabe la blandura: la impunidad estructural que permitió la acumulación de riqueza ilícita —reflejada, en varios casos, en adquisiciones y activos familiares de alto valor— exige medidas ejemplares que incluyan procesos rápidos y eficientes, bloqueos preventivos de cuentas cuando exista riesgo de fuga y penas efectivas para quienes orquestaron el negocio del Estado. Ninguna sociedad que se precie puede aceptar que los delitos contra el patrimonio público queden sin respuesta solo porque los implicados ocuparon cargos de poder.
La crisis de legitimidad que deja el episodio no es solo política: es moral y económica. Los bolivianos necesitan certezas: que se haga justicia con rigor técnico, que las instituciones se fortalezcan para que no vuelva a repetirse el saqueo, y que las sanciones sean tan disuasorias como reparadoras. Exigir todo ello no es revancha; es obligación cívica. El país reclama justicia, y la justicia exige pruebas, procedimientos impecables y sanciones proporcionales. Cualquier atajo, cualquier detención sin sustento o cualquier manipulación procesal sería regalarles a los responsables otra oportunidad de presentarse como víctimas. No puede haber espacio para la impunidad, pero tampoco para la construcción de chivos expiatorios. El reto es devolver al Estado su patrimonio y su credibilidad mediante la ley, la transparencia y castigos que realmente hagan cambiar las reglas del juego.