El debate sobre el federalismo ha regresado al centro de la conversación política boliviana. Desde que Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025, el mandatario ha planteado públicamente su visión de transformar Bolivia en un estado federal como meta de largo plazo. En un discurso pronunciado el 7 de noviembre, Paz afirmó que el país debe avanzar hacia un modelo federal para equilibrar competencias y recursos entre el nivel central y las regiones, insistiendo en que, aunque no será inmediato, en unos años Bolivia podría convertirse en un país federal bajo el esquema 50/50, es decir, una repartición equilibrada de competencias y recursos entre el Estado central y los gobiernos subnacionales. Esta propuesta, presentada como el fin del “Estado tranca” centralista, promete impulsar la producción y el desarrollo desde cada región, potenciando las economías locales.
Sin embargo, la experiencia latinoamericana con el federalismo debería encender todas las alarmas antes de embarcarnos en esta travesía constitucional. La historia regional está plagada de federalismos fracasados o disfuncionales que, lejos de resolver problemas de centralización, los multiplicaron en cada provincia o estado. Venezuela, formalmente federal, experimentó una recentralización dramática bajo Chávez y Maduro que anuló en la práctica su estructura federativa, concentrando el poder en el Ejecutivo y reduciendo a estados y municipios a meras extensiones del gobierno central. Argentina enfrenta un federalismo débil donde provincias enteras dependen de Buenos Aires por carecer de capacidad administrativa y recursos propios, generando tensiones fiscales permanentes. México vivió décadas de federalismo nominal bajo la hegemonía del PRI, donde la autonomía provincial se convirtió en una ficción burocrática subordinada al poder central.
Estos casos comparten un denominador común revelador: el federalismo fracasa donde las instituciones son débiles, el financiamiento está desbalanceado y el poder central puede capturar o limitar los derechos territoriales. Bolivia no escapa a estas vulnerabilidades. Con apenas 11,3 millones de habitantes distribuidos en un territorio vasto y heterogéneo, crear nueve estados federados sin garantías fiscales ni capacidad administrativa podría reproducir estos problemas y multiplicar por nueve la corrupción y el prebendalismo político ya endémicos a nivel nacional, esta vez sin los contrapesos institucionales necesarios.
El análisis de la estructura fiscal boliviana revela desequilibrios profundos que desaconsejan un salto al federalismo. Los gobiernos departamentales y municipales dependen en más del ochenta por ciento de transferencias del gobierno central, principalmente a través de la coparticipación tributaria y los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Esta dependencia no solo debilita la autonomía real de los gobiernos subnacionales, sino que crea incentivos perversos: los gobiernos locales carecen de estímulos para desarrollar impuestos propios si las transferencias son abundantes. Departamentos productores de hidrocarburos como Tarija reciben recursos desproporcionados, mientras regiones no productoras quedan en desventaja estructural, perpetuando asimetrías que un federalismo mal diseñado solo profundizaría.
Mientras se debate el federalismo como proyecto de largo plazo, Bolivia necesita medidas inmediatas para garantizar un nivel mínimo de autonomía funcional departamental. Primero, es imprescindible una Ley Marco de Coordinación Fiscal que asigne recursos a departamentos y municipios con fórmulas previsibles basadas en población, necesidades básicas insatisfechas y capacidad fiscal local. Segundo, debe crearse un Fondo de Equilibrio Regional que compense las brechas entre departamentos productores y no productores de recursos naturales, rompiendo la lógica de ganadores y perdedores que alimenta tensiones regionalistas. Tercero, se requiere fortalecer la capacidad administrativa mediante programas de certificación y asistencia técnica antes de transferir grandes competencias, evitando que la descentralización se convierta en caos operativo.
Pero más allá de ajustes fiscales, el verdadero problema estructural de Bolivia no es meramente territorial sino democrático. La Constitución concentró poderes desmesurados en la figura presidencial, donde el Ejecutivo controla efectivamente a los demás poderes del Estado bajo la falacia de que los políticos elegidos por voto popular representarían genuinamente la diversidad de nuestros pueblos. La realidad muestra lo contrario: los políticos representan primero sus propios intereses, luego a los grandes poderes económicos que los enriquecen, y finalmente a sus bases de soporte sectorial.
La solución definitiva para eliminar el centralismo administrativo y económico pasa por una enmienda constitucional que introduzca Consejos Ciudadanos como eje central de participación y control democrático. Estos consejos, conformados por personajes ilustres elegidos por comités cívicos, colegios de profesionales y universidades, ejercerían control sobre la elección del aparato judicial, supervisarían la designación del Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral y el Defensor del Pueblo, y participarían en la gestión de educación, salud, inversión pública, contrataciones y manejo de recursos naturales. Este modelo de democracia participativa, exitoso en países del norte de Europa, Canadá, Australia y Uruguay, transformaría la relación entre ciudadanía y poder.
Bolivia no necesita un federalismo que fragmente el país o multiplique la corrupción en nueve capitales departamentales. Necesita una descentralización inteligente con participación ciudadana efectiva, instituciones fuertes, transparencia fiscal y mecanismos de coordinación intergubernamental. Solo así podremos construir un estado que reconozca nuestra diversidad sin sacrificar nuestra unidad, que distribuya el poder sin diluir la responsabilidad, y que fortalezca la democracia devolviéndole el protagonismo al verdadero soberano: el ciudadano.