La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) se encuentra preocupada por la crisis estructural del Tribunal Constitucional y la falta de sanción de la ley transitoria que le restituya la institucionalidad. La Asamblea Legislativa aún no ha sancionado el Proyecto de Ley Transitoria para el Funcionamiento del TCP. Este Proyecto de Ley 010/2025-2026 busca reestructurar la composición, organización y funcionamiento del TCP. También contempla la realización de elecciones judiciales parciales en cinco departamentos hasta el 30 de junio de 2026. La ABEC exige que la Asamblea Legislativa seleccione (a la brevedad posible) a los cinco magistrados que aún faltan.
Al margen del encuentro realizado en Sucre, con el presidente Rodrigo Paz, no se ha vuelto a abordar la necesidad de comenzar un verdadero proceso de cambio estructural de todo el sistema judicial. El pueblo boliviano decidió en las urnas no solo sacar del poder al Movimiento Al Socialismo de Evo Morales y Luis Arce, sino también exige reconstruir el Estado e imponer una “nueva justicia”. El gobierno avanzó (con creces) en ordenar la casa en el plano económico, terminaron las colas en los surtidores, hay confianza y esperanza en que habrá divisas, etc. Sin embargo, en el poder judicial no se han enterado del cambio de gobierno nacional porque todo sigue exactamente igual (con excepción de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y algún otro preso político liberado).
El misterioso caso de las “narcomaletas” (que nadie sabe dónde están, menos su contenido) ha desnudado el nivel de degradación en el que se encuentra el poder judicial. En esta columna hemos denunciado que el sistema venía funcionando “a media máquina”, pero nunca estuvo literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en un descrédito total. A propósito ¿puede combatir la corrupción el mismo poder judicial cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno acusados del delito que deben erradicar?
El Estado necesita un órgano judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. La concentración del poder no solo se encuentra en la cultura política boliviana, sino que además está “blindada” en la propia Constitución (art. 172). El órgano ejecutivo siempre ha copado además la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Estas instituciones, si fueran realmente independientes, fuertes y sólidas, hubieran combatido y evitado la corrupción pública.
La profunda crisis judicial y del TCP debe convertirse en una oportunidad para comenzar un verdadero proceso de cambio, que necesita fundamentalmente voluntad política. La clase política tiene el desafío de concretar un gran pacto por la justicia, y comenzar el verdadero proceso de cambio que demandará varios años, incluso, generaciones. ¿Acaso haga falta otra cruzada judicial para comenzar la transformación del sistema judicial? En realidad, existen recomendaciones nacionales e internacionales que coinciden en que el modelo de justicia actual ha fracasado. Los gobiernos del MAS (Evo Morales Ayma y Luis Arce), pasarán a la historia no solo como casi dos décadas pérdidas para la justicia boliviana sino también en donde se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia.
En un Estado decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la Constitución y los Pactos Internacionales proclamen su independencia, falta mucho para que podamos hablar en realidad de un órgano judicial verdaderamente independiente. En fin, un órgano judicial enclenque no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la selva, sino también pone en duda la sostenibilidad del Estado.
El poder judicial y el TCP están para combatir los abusos del poder político o de los particulares; sin embargo, en muchos casos han hecho y hacen exactamente lo contrario: la justicia ha sido el instrumento para abusar del poder. Los sistemáticos abusos se confirman cuando más del 90% de las causas ingresadas en revisión al tribunal constitucional son en contra de autoridades judiciales porque han vulnerados derechos fundamentales.
La ABEC exige (con razón) que se sancione la norma y funcione el TCP. En general, se necesita un pacto por la justicia entre los cuatro órganos del Estado, y las principales instituciones vinculadas a la justicia.
(*) El autor es jurista y autor de varios libros