Las llamadas “carreteras de la muerte” no son una metáfora exagerada en Bolivia. Se trata de una descripción dolorosamente literal de lo que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras rutas. El reciente accidente en la carretera Bioceánica, provocado por un menor de edad que conducía un minibús, con un saldo trágico de doce personas fallecidas y tres heridas de gravedad, vuelve a desnudar una realidad conocida, repetida y, sin embargo, sistemáticamente ignorada por las autoridades y por una parte de la sociedad.
No se trató de un hecho fortuito ni de un infortunio imprevisible. Fue la consecuencia directa de una cadena de irresponsabilidades, a partir de la permisividad para que un precoz conductor de 14 años tuviera a su cargo el transporte de numerosas personas que poco antes habían compartido en un acontecimiento familiar, la ausencia de controles efectivos de transitabilidad, la falta de fiscalización permanente en las carreteras y una cultura de tolerancia frente a la impericia al volante. Cuando estos factores confluyen, el resultado es siempre el mismo con vidas truncadas y familias sumidas en el dolor.
Bolivia registra, año tras año, cifras alarmantes de siniestros viales con un elevado número de muertos y heridos graves. Pese a ello, las tragedias se repiten con frecuencia escalofriante, como si fueran parte inevitable del paisaje. No lo son. Cada accidente de esta magnitud revela fallas estructurales en el sistema de control del transporte y en la aplicación de la normativa vigente. Las leyes existen, pero su cumplimiento es la excepción y no la regla.
Resulta inadmisible que un menor de edad haya podido tomar el control de un minibús sin que nadie lo impida, ni en el origen del viaje ni a lo largo del trayecto. Esto habla de una peligrosa laxitud en los controles policiales y de una negligencia compartida entre propietarios de vehículos, operadores de transporte y autoridades responsables de la seguridad vial. La ruta Bioceánica, como muchas otras, carece de una supervisión constante para garantizar que quienes conducen estén capacitados y que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas.
A esta falta de control se suma una cultura de la imprudencia profundamente arraigada. El exceso de velocidad, la sobrecarga de pasajeros, el incumplimiento de horarios de descanso y la conducción sin la formación necesaria son prácticas habituales que rara vez reciben sanciones ejemplares. La impunidad alimenta la repetición de estas conductas y convierte a las carreteras bolivianas en escenarios permanentes de tragedia.
Cada vez que ocurre un accidente de esta naturaleza, el discurso oficial promete investigaciones, sanciones y medidas correctivas. Sin embargo, el tiempo pasa, la atención mediática se diluye y todo vuelve a la normalidad, hasta el próximo luto colectivo. Esta lógica reactiva, basada en la conmoción momentánea, ha demostrado ser insuficiente y profundamente irresponsable.
Es urgente asumir que la seguridad vial es una política pública prioritaria y no un asunto secundario. Se requieren controles estrictos y permanentes, sanciones severas para quienes vulneren la ley, y una fiscalización real de las empresas y conductores de transporte. Pero también es imprescindible un cambio cultural que entienda que conducir es una responsabilidad social, no un acto impune.
Las vidas truncadas en la ruta Bioceánica no pueden quedar reducidas a una estadística más. Son el recordatorio de que, mientras la negligencia y la falta de control sigan dominando la circulación vial, Bolivia continuará sumando muertos en carreteras que, lejos de unir al país, se convierten en caminos hacia la tragedia.