La eficacia de la lucha antidrogas de Bolivia vuelve a estar en entredicho ante la comunidad internacional. Estados Unidos ha colocado al país en la lista de naciones que incumplen sus compromisos en esta materia, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) anunció que publicará su informe sobre cultivos de coca justo antes del balotaje del 19 de octubre, con tres años de retraso.
Los gobiernos del MAS han sido sistemáticamente críticos del escrutinio externo a su política antidrogas. Consideran la descertificación estadounidense (ya ocurrida en 18 ocasiones) una injerencia y responsabilizan a Washington de no reducir el consumo de drogas en su territorio. Más recientemente, el gobierno de Luis Arce cuestionó los procedimientos metodológicos de la UNODC —que señalaban un incremento en los cultivos de coca—, críticas que explicarían en parte el prolongado silencio del organismo.
Estos informes llegan ahora en un contexto geopolítico distinto. Por un lado, la comunidad internacional observa que Bolivia se ha convertido en “un ecosistema fragmentado de redes criminales” que operan a pequeña escala e integran la cadena global del narcotráfico. Por otro, el país ya no goza de la bonanza económica de la era Evo Morales y necesita financiamiento externo para afrontar su crisis económica.
En este escenario, no basta el discurso oficial en defensa de la soberanía: Bolivia está obligada a mostrar resultados verificables en su lucha antidrogas. Es hora de preguntarse si el régimen del MAS ha construido realmente un modelo alternativo eficaz o si su rechazo a la certificación solo ha servido para reducir la transparencia.
Bolivia no puede sostener su prestigio internacional sin mecanismos externos de validación, menos aún tras los escándalos recientes: jefes antidroga y altas autoridades implicadas en narcotráfico y lavado de dinero, capos del crimen organizado instalados en el país con lujos, privilegios y documentos de identidad bolivianos. Todo esto revela un alto grado de corrupción que fomenta y facilita la presencia de estos actores en el territorio nacional.
El próximo gobierno, que surgirá del balotaje del 19 de octubre, deberá evaluar el impacto de la descertificación estadounidense y la probable presión de la Unión Europea sobre el financiamiento, la cooperación y la reputación del país. Ya no se trata solo de medir con rigor las plantaciones de coca, sino también de dimensionar otras actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado internacional, como las operaciones logísticas y el lavado de activos.
La presión externa responde, en parte, a que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa una política agresiva contra el narcotráfico —en especial contra Venezuela, cuyo presidente es acusado de liderar el Cartel de los Soles—. También países europeos buscan frenar las manifestaciones de violencia en sus territorios, financiadas por redes del narcotráfico extendidas en varios continentes. La comunidad internacional coincide en que la lucha antidrogas no es solo una cuestión de imagen, sino de seguridad interna y salud pública.
La descertificación y el inminente informe de la UNODC marcan, así, un punto de inflexión en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Bolivia. La retórica del MAS se agota, y sobre el nuevo gobernante recaerá el desafío de demostrar que el país no está dispuesto a convertirse en un eslabón clave del narcotráfico global y que puede encarar, con transparencia y eficacia, una política antidrogas con resultados confiables y verificables. Bolivia no puede hacerlo sola. Debe aprovechar la cooperación internacional, porque en juego están su seguridad interna y su reputación externa.