La captura de dos militares y un policía vinculados al narcotraficante Yasser ‘Coco’ Vásquez confirmó lo que durante años se quiso maquillar: las redes del narcotráfico ya no solo contaminan las calles o los aeródromos clandestinos, sino que han penetrado a las instituciones que deberían combatirlo. No se trata de un rumor ni de una sospecha exagerada; se trata de uniformados que, en lugar de defender a la sociedad, facilitaron el trabajo de un prófugo acusado de al menos 13 asesinatos en Beni y Santa Cruz. Es decir, el crimen organizado ya no solo seduce a sicarios, también encuentra cómplices en los cuarteles y las comandancias policiales.
En paralelo, Estados Unidos volvió a descertificar a Bolivia por décimo octavo año consecutivo. La medida fue rechazada de inmediato por el Gobierno, que acusa a Washington de actuar como juez unilateral en un problema global. Sin embargo, lo cierto es que cada descertificación refleja la percepción de una lucha contra el narcotráfico debilitada, sin rumbo ni resultados sostenibles. Que un país cargue con semejante historial no es un detalle menor; es la señal de que, pese a la retórica oficial, la confianza internacional en la política antidrogas boliviana se desploma año tras año.
Las cifras divulgadas en los últimos informes oficiales también dibujan una paradoja inquietante. Por un lado, la Felcn reporta la destrucción de miles de fábricas de pasta base y centenares de laboratorios de cristalización, incautaciones que se traducen en decenas de toneladas de cocaína y marihuana decomisadas. El propio viceministro de Defensa Social se ufanó en asegurar que esta gestión es “la mejor en la historia de la lucha contra las drogas”. Pero el mismo mapa de calor presentado por el Ministerio de Gobierno admite que nueve de cada diez laboratorios operaban en el Chapare, bastión político del MAS. Si hay más incautaciones es porque también hay más producción, más redes de protección social y política, y más violencia. En otras palabras: la magnitud de los golpes revela la magnitud del problema.
La realidad no necesita maquillaje. Tres secuestros sin resolver, cinco muertes violentas en Santa Cruz —tres extranjeros y dos bolivianos—, el asesinato y desaparición del cuerpo de Lorgio Saucedo y las caletas halladas en el aeródromo El Coloradillo son episodios recientes que desnudan un escenario cada vez más parecido al de países donde los cárteles marcaron la agenda pública. A ello se suma la sombra de Sebastián Marset, que no solo caminó por las calles cruceñas, sino que jugó fútbol con total impunidad, mientras dos altos jefes del Primer Comando de la Capital (PCC) vivían a sus anchas en Santa Cruz de la Sierra. ¿No es eso evidencia de que los cárteles ya no son una amenaza externa, sino una realidad interna?
El Gobierno insiste en su discurso lírico: “no existen cárteles en Bolivia, solo emisarios”. El problema es que la retórica no salva vidas ni evita la expansión del crimen organizado. La contradicción es evidente: mientras se celebran operativos con estadísticas récord, el narcotráfico gana terreno en la vida cotidiana, penetra comunidades, recluta jóvenes y compra voluntades en los pasillos de las instituciones.
En síntesis, el Gobierno de Luis Arce parece elegir sus propios podios para declararse ganador. Ya lo hizo en economía, cuando la falta de dólares y combustibles contrastaba con discursos de bonanza, y lo hace ahora en narcotráfico, proclamando victorias que se evaporan frente a la evidencia. El país no necesita campeones de estadísticas, sino una estrategia real, transparente y valiente. De lo contrario, la ceguera política y la pérdida del sentido común seguirán siendo el mejor aliado de los narcos.