Rigen cinco días de duelo en el departamento de Potosí. No es para menos, dos siniestros automovilísticos ocurridos entre el sábado y el lunes de carnaval dejaron el saldo de 68 muertos y 51 heridos. Sin duda, es el feriado más trágico de los últimos años. El luto debería ser en todo el país, no solo en la Villa Imperial.
Nuevamente las imprudencias criminales dejan daños irreparables. En el primer accidente ocurrido en la madrugada del sábado 1 de marzo, un chofer ebrio, perteneciente a la empresa Emmanuel, perdió el control del bus que conducía; vencido por el sueño y el alcohol, chocó a toda velocidad con otro motorizado que circulaba en sentido contrario, en la carretera Oruro - Potosí. No alcanzó a darse cuenta, en cuestión de instantes los dos buses quedaron reducidos a fierros retorcidos, en medio de un amanecer altiplánico convertido en dantesco escenario de tragedia.
Dos días más tarde, un muchacho de 23 años conducía raudamente una vagoneta, en la misma carretera Oruro - Potosí. Supuestamente se dirigía a Challapata para compartir con su familia. Hubo una invasión de carril cuando un bus de la flota Challapata impactó con la vagoneta y después se precipitó a un barranco de 800 metros, aproximadamente. Saldo: 37 muertos y 30 heridos. Las primeras pesquisas apuntan a la responsabilidad del joven conductor de la vagoneta, aunque el caso debe ser investigado y esclarecido en su totalidad.
No está demás denunciar y lamentar a la vez que el rescate de cadáveres y la atención a los 50 heridos desnudaron todas las precariedades de la Policía y los servicios de salud. ¿Habrá algo peor que perder la vida de forma tan horrenda? La respuesta es: sí; porque después los cuerpos yacen inertes, cubiertos por frazadas ensangrentadas en el piso de un depósito que difícilmente puede ser llamado morgue. O porque algunos occisos permanecen en el anonimato debido a que los choferes burlaron los controles y subieron pasajeros sin permiso y sin registro.
¿Cómo respondieron las autoridades? El presidente Luis Arce publicó condolencias en sus redes sociales y exigió el esclarecimiento de los hechos.Formales pero insuficientes manifiestos porque sus palabras no calman el dolor de la tragedia ni ayudan a los heridos que necesitan todo tipo de auxilios. Paradójicamente, en su cuenta de Facebook Arce publicó un mensaje el día 1 de marzo a las 17:24 que decía: “Nuestra Policía llevará a cabo operaciones para brindar seguridad principalmente en las terminales de autobuses y carreteras para reducir el riesgo de accidentes de tránsito”. Sobran los comentarios.
El ministro de Gobierno, principal autoridad de la seguridad interna, estaba en otra sintonía, definitivamente. En su cuenta personal de Tik Tok se dedicó a publicar videos sobre sus preparativos y participación como bailarín en la entrada del Carnaval de Oruro. Y, entre lo paradójico y absurdo, habrá que mencionar que sus videos cierran con el logotipo del ministerio que dirige y el slogan: “Ministerio de Gobierno, al servicio de su pueblo”. Es necesario recordarle al ministro que sus actividades sociales personales no pueden ni deben ser confundidas con la gestión que le compete desarrollar.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) actuó de inmediato y suspendió por 15 días el servicio de la empresa de buses Emmanuel, involucrada en el primer accidente. Así, los funcionarios cumplen su función y reducen el desastre a un acto administrativo.
En lo que va del año, al menos 116 personas han muerto en accidentes automovilísticos, particularmente en el sector sur del país. ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que las autoridades tomen medidas estructurales que prevengan estas desgracias? Está claro que las campañas de prevención con megáfonos y carteles son insuficientes y hasta caricaturescas. Urge una solución de fondo que debería contemplar, entre otros ajustes, sanciones penales más fuertes contra los responsables de tantas desgracias.