Tras una audiencia virtual celebrada el último fin de semana en la sede de Gobierno, un juzgado de instrucción penal anticorrupción resolvió enviar con detención preventiva por cuatro meses a la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, investigada por haberse beneficiado supuestamente con 700.000 bolivianos que debían destinarse a un proyecto de producción de tomates en ocho comunidades campesinas en el departamento de La Paz. En su descargo sobre el uso del dinero, no alcanzó a cubrir el monto total del proyecto que data de 2010 y que apenas había alcanzado un 50% de avance.
La mala hora de Patty simboliza, -más que la caída de una figura política-, el derrumbe de un estilo de poder que durante años se movió con comodidad entre la impunidad y la manipulación de la justicia. Hoy, puesta ante los tribunales por los llamados ‘proyectos fantasmas’ que la involucran y por haber recibido importantes sumas de dinero en cuentas particulares y otros agravantes, Patty enfrenta un escenario que contrasta radicalmente con el rol que desempeñó durante el periodo de mayor hegemonía del MAS: el de operadora política cuya palabra podía desencadenar investigaciones, imputaciones y encarcelamientos fulminantes.
Para muchos bolivianos, su nombre quedó asociado a las denuncias que dieron origen a los casos ‘Golpe de Estado I’ y ‘Golpe de Estado II’, procesos que, según críticos y analistas, se convirtieron en herramientas jurídicas utilizadas por el oficialismo para perseguir a sus opositores. Fue desde su denuncia que se activó toda una maquinaria judicial que terminó llevando a prisión al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, en un caso que, para amplios sectores ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, estuvo marcado por motivaciones políticas antes que por un afán genuino de justicia.
Hoy, sin embargo, el tablero se ha invertido. Las acusaciones que alcanzan a Patty la ubican en el centro de un presunto entramado de irregularidades y malversación, lo que ha provocado un efecto simbólico devastador: una impulsora de procesos judiciales convertida en investigada. No es la primera vez que en la política boliviana los roles se revierten, pero este caso tiene un peso especial por lo que representa dentro del relato masista y su desgaste interno.
Más allá de la responsabilidad penal que determine la justicia -justicia que ojalá, por una vez, actúe con independencia real-, lo que emerge es una lectura política más profunda. La situación de Patty expone las grietas del proyecto del MAS, atrapado entre facciones, acusado de corrupción y debilitado por el descrédito acumulado tras casi dos décadas de empoderamiento absoluto. En un escenario de pérdida de legitimidad, figuras antes protegidas se vuelven prescindibles; y cuando el poder ya no necesita a ciertos operadores, estos quedan expuestos al rigor que antes se aplicaba solo a los adversarios.
Este viraje también revela la precariedad institucional que vive Bolivia. Una justicia que ayer se movilizaba con rapidez selectiva para encarcelar opositores ahora investiga, con el mismo sesgo incierto, a quienes antes estuvieran alineados con el oficialismo. No es garantía de renovación moral; más bien demuestra que la justicia sigue siendo un instrumento, solo que hoy en manos de otras dinámicas internas.
La caída política de Lidia Patty no debería celebrarse como venganza, sino asumirse como una oportunidad para reflexionar sobre el círculo vicioso de la instrumentalización judicial que ha marcado los últimos años. Si Bolivia aspira a una democracia firme, deberá romper con ese patrón. Ni presos políticos disfrazados de justicia, ni operadores impunes escondidos tras el poder.
Patty enfrenta su mala hora. Pero el verdadero juicio pendiente es el del país frente a su propio sistema de justicia. Y ese, lamentablemente, aún está lejos de resolverse.