La dura realidad muestra que el balotaje, que tanta expectativa provocó en la ciudadanía, puede no ser el sistema que nos permita dirimir en paz quiénes serán finalmente los próximos Presidente y Vicepresidente del Estado si se mantiene la inescrupulosa campaña proselitista que se está realizando.
Corresponde recordar que la figura de la segunda vuelta electoral fue incluida en la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, en respuesta a una demanda persistente desde 1985, cuando el binomio que salió segundo en las elecciones generales de ese año fue elegido en el Congreso Nacional como Presidente y Vicepresidente de la República, y se intensificó en 1989, cuando fue elegido Presidente el candidato que ocupó el tercer lugar en la elección general, previo trueque de candidatos vicepresidenciales.
Este extremo dio pie a que se generalizara la idea que “el pueblo vota, pero no elige”, por lo que había que modificar la forma de elegir a los primeros mandatarios cuando éstos no obtuvieran la mayoría absoluta de votos en los comicios. Se abrió un largo debate entre quienes respaldaban la elección congresal y quienes postulaban la segunda vuelta electoral. En ambas posiciones, a su vez, había diferentes sugerencias de forma.
Uno de los temas de fondo era el de la gobernabilidad: la elección en el Congreso obligaba a los partidos o alianzas con representación parlamentaria a establecer acuerdos para construir la mayoría absoluta que no solo permitía elegir a los primeros mandatarios sino también acordar la distribución de poder y la concertación de propuestas político-ideológicas, tratando de que no se repita un empantanamiento en la elección congresal como sucedió en 1979 (lo que es otra historia).
En esa ruta, en la reforma de la CPE de 1997 se modificó la elección congresal: solo se votaría entre los binomios que ocuparan los dos primeros lugares en las elecciones generales, y si ninguno obtenía la mayoría absoluta en dos rondas de votación, se proclamaba Presidente y Vicepresidente a quienes en la tercera ronda obtuvieran más votos.
En la reforma total de la CPE promulgada en 2009, se incorporó el balotaje que por primera vez aplicaremos en el país el próximo 19 de octubre… pero, ya aparecen voces sugiriendo la renuncia de uno de los dos contendientes --Rodrigo Paz y Tuto Quiroga—para evitar su realización, pedido que justifican con dos argumentos: 1. que su realización exige mucho dinero (que no hay o es escaso); 2. que la crisis que atraviesa el país es de tal magnitud que exige un acuerdo político entre ambos y otras fuerzas políticas más para adelantar la transmisión de mando y adoptar de inmediato medidas de ajuste concertadas.
Hasta ahora se trata de sugerencias sin mayor futuro. Primero, porque los dos candidatos están seguros de que se beneficiarán del voto ciudadano y ambos, con todo derecho, se sienten los elegidos. Segundo, porque ambos plantean posiciones político-ideológicas diferentes sobre las cuales la ciudadanía debe optar. Tercero, porque tanto se ha presionado por el balotaje en la historia contemporánea del país, que es tiempo y oportunidad de aplicarlo.
Otro argumento a favor del balotaje es que permitirá a los futuros gobernantes contar con una legitimidad de inicio que les ayudaría a romper los límites que en la Asamblea Legislativa impone la falta de mayoría absoluta y concertar con las diferentes fuerzas una vez que comience a aplicarse su respectiva propuesta de gobierno.
Lamentablemente la visión optimista de este columnista sobre el balotaje, pese a que fue defensor del viejo sistema de elección congresal, se opaca por (1) la forma en que se está disputando el voto ciudadano; (2) la grosera guerra sucia que se ha apoderado del debate político, especialmente en las redes sociales, pero también en medios audiovisuales e incluso algunos impresos, que impide un sano discernimiento; (3) la polarización artificial que se está creando entre ambos postulantes por parte de sus seguidores que, además, muestran crecientes niveles de ignorancia, racismo y fanatismo, atributos que nos alejan del ideal democrático); (4) la aparición de agoreros que ya adelantan posibilidad de “fraude” sin ningún respaldo técnico, sino que lo hacen, al parecer, para curarse en salud por si los resultados se repiten…
Un posible dique de contención a esta situación es recordar que la gran oposición en las actuales circunstancias es entre democracia y autoritarismo. De una u otra manera, el 17 de agosto la ciudadanía derrotó al autoritarismo que se reclama del socialismo del siglo XXI, pero no a comportamientos autoritarios prohijados por el MAS dentro de la sociedad ni al que se reclama libertario, o sea el de quienes buscan el poder solo para que la tortilla se vuelque y no para construir una democracia estable.
Quedan 42 días para rectificar rumbos o sucumbir en el intento…