La elección del pasado 17 de agosto abrió un panorama político nuevo en Bolivia. El remezón electoral puso fin a 20 años de mayoría parlamentaria del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El rodillo, como se denominó a la facilidad que tenía el oficialismo para aprobar leyes sin mayor interpelación de la oposición, se resquebrajó. A partir de noviembre, la nueva Asamblea se sustentará en las alianzas y acuerdos.
Lejos de la sede de Gobierno, otro rodillo tiene sus días contados. En el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la UCS apeló a todas las argucias posibles para retomar el control del legislativo municipal. Abrió proceso contra dos de sus concejales, asaltó violentamente las instalaciones para imponer su criterio entre golpes y cohetes, boicoteó las sesiones y, por último, se aprobó una directiva paralela que rompe la institucionalidad del Concejo mismo.
La posición asumida por José Antonio Alberti, en su condición de vicepresidente del Concejo, con el respaldo de las bancadas opositoras – Comunidad Autonómica y Demócratas – y los concejales disidentes – Rolando Pacheco y Maykol Negrette – no solo reclama la independencia de poderes, sino que afianza la función fiscalizadora que como Concejo les compete. De sostenerse este equilibrio de fuerzas, el rodillo municipal de UCS, con el beneplácito cómplice del MAS, parece tener los días contados.
La gestión del alcalde Jhonny Fernández habla por sí misma. Una vuelta por la ciudad evidencia el abandono del espacio público. La acumulación de deudas a las empresas que prestan servicios, de diversa índole, a la ciudad es fiel reflejo del mal manejo económico. Y se suma a eso la infinidad de denuncias por cobros irregulares realizados por funcionarios municipales en el corazón mismo de la Quinta Municipal.
El resultado de esta caótica gestión se ha visto en las elecciones de agosto. La alianza impulsada por la UCS, con Fernández como candidato presidencial, apenas sumó 11.493 votos en la capital cruceña, la misma que gobierna desde mayo de 2021. En datos porcentuales, Fernández logró el 1,13% de los votos válidos en la ciudad que administra. Dicho de otra manera, estos resultados equivalen a un rotundo fracaso a su gestión.
Por ese mismo motivo, la falta de apoyo en las calles, Fernández fuerza una estrategia más agresiva: el control del Concejo Municipal a como dé lugar. Pasó del boicot a las sesiones a forzar un paralelismo en la directiva con la autoproclamación de Gabriela Garzón como presidenta del Concejo Municipal secundada por su propio hijo, Miguel Fernández. Sabe que los votos de su bancada más los de su aliado político desde el inicio de la gestión, el MAS, le otorgan mayoría en hemiciclo. Dicho de otra manera, le ofrecen el rodillo necesario para ‘hacer lo que quiera’ sin cuestionamientos.
El caos provocado por la bancada de UCS en el Concejo ha contagiado al mismo Alberti. En su calidad de vicepresidente, y con el ánimo de sostener la independencia del órgano legislativo, ha tomado decisiones al borde de la ilegalidad. La prolongación excesiva de la acefalía en la directiva o la habilitación de concejales suplentes de forma irregular acabarán en los tribunales. La urgencia del alcalde por ‘salirse con la suya’ se resolverá delante de los jueces, un escenario en el que Jhonny sabe moverse como nadie.