La influencia de China en Bolivia no es un fenómeno marginal ni reciente: es el resultado de una elección política sostenida desde 2006 que combinó afinidad ideológica con pragmatismo financiero. Mientras el discurso oficial instaló a Beijing como “socio estratégico”, la práctica consolidó vínculos con un régimen de partido único que se autodefine democrático, pero carga con cuestionamientos persistentes en materia de derechos humanos. El balance, hoy, exige rigor: cuáles fueron los beneficios reales, cuáles los costos y, sobre todo, qué dejó el patrón de contratación, endeudamiento y opacidad que acompañó buena parte de estos acuerdos.
Los datos son elocuentes. Entre 2011 y 2023 se identificaron 29 proyectos adjudicados a compañías chinas por 3.384 millones de dólares; descontando Rositas, el monto asignado asciende a 2.384 millones en 28 obras. Bolivia fue el principal financiador en 22 proyectos, con 1.172 millones, es decir, el 35% del total. El Eximbank aportó 1.085 millones (32%) concentrados en solo dos iniciativas, mientras que un 18% carece de información clara, incluido el Mutún, a cargo de Sino Steel. La distribución sectorial muestra una fuerte concentración: energía 41,6%, transporte 40,3% y siderurgia 16,1%. Territorialmente, Santa Cruz y Cochabamba reúnen más del 78% de los recursos, según la Fundación Andrés Bello.
El problema no es solo quién financia, sino cómo. Casi la mitad de los contratos se asignó por contratación directa: 47,59% frente a 49,69% por licitación pública. Y la opacidad fue norma: en el 50% de los casos se hallaron documentos inaccesibles, incompletos o incongruentes en el Sistema de Contrataciones Estatales. El Decreto Supremo 2574, de octubre de 2015, otorgó privilegios extraordinarios a firmas chinas, distorsionando la competencia. Entre 2012 y 2022, el 77,5% de los contratos de obras públicas favoreció a empresas extranjeras, relegando a la construcción nacional, de acuerdo con la Cámara Boliviana de la Construcción.
Los casos emblemáticos refuerzan el patrón. Sinohydro, filial de PowerChina, acumula denuncias por daños ambientales, conflictos laborales y fallas desde 2013; un informe del Comité de la ONU sobre derechos económicos y sociales pidió cuentas por esas violaciones. Un estudio del CEDLA registró 460 denuncias entre 2015 y 2019. CAMC encadenó adjudicaciones por excepción, irregularidades documentales y el conocido caso Gabriela Zapata. Se ejecutaron boletas de garantía y hubo rescisión de contratos por incumplimientos.
No faltaron ingenierías normativas. Expertos describen licitaciones diseñadas para fracasar en sus primeras rondas hasta habilitar la invitación directa a la firma “prevista”. A esto se suma el crédito condicionado: el Eximbank presta con la obligación de contratar empresas chinas, un circuito cerrado en el que los recursos regresan al prestamista.
En paralelo, el endeudamiento bilateral creció. A julio de 2025, la deuda con la República Popular China alcanza 1.180,5 millones de dólares, el 8,57% del total externo, según el Banco Central de Bolivia. Y mientras se anuncian nuevas apuestas, como el acuerdo de 2024 con CBC y CATL para extracción directa de litio, persisten los vacíos de información y las dudas sobre la distribución de riesgos y beneficios.
Este no es un alegato contra la relación con una potencia global ni contra la inversión extranjera. Es un llamado a ordenar la casa. La cooperación con China puede y debe sostenerse con transparencia, competencia leal y el interés nacional por delante.
Finalmente, la política exterior requiere una diplomacia profesional, no improvisada ni ideologizada. Con China -como con cualquier socio- Bolivia debe relacionarse desde la reciprocidad, la diversificación y la defensa de su soberanía regulatoria. Transparencia, competencia y Estado de derecho: esas son las condiciones mínimas para que la promesa del “socio estratégico” deje de oler a sumisión y empiece a parecerse a una verdadera estrategia nacional.