El caudillismo exacerbado, en todas sus variantes, ha sembrado históricamente en Bolivia una peligrosa ilusión: la creencia de que el país pertenece exclusivamente al grupo social que se arroga su representación y a sus fieles seguidores. Esta visión absolutista desconoce que Bolivia es una nación diversa, plural y compuesta por ciudadanos con iguales derechos, independientemente de su ideología, clase o procedencia.
Pretender imponer una visión única, por más argumentos históricos o sociales que se aleguen, en cualquier democracia es simplemente inaceptable. En toda sociedad civilizada, las mayorías tienen prevalencia en las decisiones colectivas, pero siempre dentro del marco del respeto a las minorías y fundamentalmente al Estado de derecho. La convivencia democrática se basa precisamente en ese delicado y necesario equilibrio.
Tras el fallido experimento del Movimiento al Socialismo (MAS), que desperdició irresponsablemente una coyuntura económica histórica y terminó sumiendo al país en una de sus peores crisis multidimensionales, la mayoría de la ciudadanía ha manifestado de forma muy clara su deseo de cambio. El desgaste del proyecto político del MAS es evidente, aunque su líder insista en perpetuar un modelo cargado de dogmatismo ideológico que extravió su rumbo histórico y que ya no responde a las demandas ni a las esperanzas del pueblo boliviano.
Lamentablemente, la oposición tampoco ha estado a la altura de este momento crucial. Por el egocentrismo y la falta de visión de sus líderes, no ha logrado construir una alternativa unificada. Sin embargo, todo indica que, incluso fragmentada, la corriente opositora podría imponerse en las próximas elecciones, obligando a una segunda vuelta que definiría el nuevo rumbo del país.
En este complejo escenario, corresponde al líder histórico del MAS, y a todo su entorno político, hacer una profunda autocrítica. No basta con el silencio cómplice o la negación insana: se requiere asumir con honestidad la responsabilidad por la crisis social y económica actual, por la vulneración oficiosa del Estado de derecho y el pernicioso rechazo a la cultura institucional del país, y probablemente desde la oposición.