La presencia del Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal brasileña de mayor notoriedad, en Bolivia ha dejado de ser una sospecha marginal para convertirse en una realidad documentada y alarmante. Según un reciente mapeo del Ministerio Público del Estado de São Paulo, al menos 146 personas asociadas al PCC han sido identificadas en territorio boliviano, lo que ubica a Bolivia como el tercer país con mayor presencia de esta organización fuera de Brasil, precedido únicamente por Paraguay (con 699 integrantes) y Venezuela (656).
De ese total, 75 se hallan recluidos en penales bolivianos y 71 están en libertad, lo que refleja la doble dinámica de la presencia del PCC: control dentro del sistema penitenciario y operatividad en la sociedad civil. Esta duplicidad resulta particularmente preocupante porque mientras los penales pueden servir como semilleros de reclutamiento, los miembros libres facilitan la expansión de la organización en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, transporte, distribución y lavado de activos.
La estrategia del PCC no se caracteriza por imponer un control territorial violento -como hacen otros grupos- sino por infiltrarse en redes ya existentes, estableciendo alianzas con clanes locales especializados en el narcotráfico, lo cual les permite operar con discreción y eficacia. El fiscal brasileño Lincoln Gakiya advierte que ninguna organización criminal en el mundo es más eficiente que el PCC en el control de cárceles.
Esta inserción del PCC en Bolivia aprovecha varios factores estructurales del país, tales como la debilidad del sistema penitenciario, la cercanía cultural y fronteriza con Brasil, y la presencia de clanes familiares dedicados al narcotráfico regional. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU ejemplifica esta dinámica: los clanes nacionales actúan en eslabones menores del comercio de cocaína -transporte, almacenamiento, lavado- integrándose en redes transnacionales sin ejercer control directo del territorio.
Ante este escenario, las autoridades bolivianas han comenzado a reaccionar. El ministerio de Gobierno instruyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a activar mecanismos de cooperación internacional e inteligencia junto a Brasil, en una acción bilateral para detectar la presencia de emisarios del PCC en Bolivia, destacando cómo estos aprovechan rutas estratégicas y redes familiares para reclutar personal local en el negocio ilícito.
La colaboración se tradujo concretamente en la captura de figuras clave. En mayo de 2025, Bolivia capturó a Marcos Roberto de Almeida -alias “Tuta”- considerado uno de los principales jefes del PCC en libertad. Fue detenido en Santa Cruz al intentar tramitar documentación falsa y repatriado a Brasil. Este caso ilustra la importancia de la cooperación policial y judicial entre Bolivia, Brasil e Interpol para enfrentar al crimen organizado.
La presencia del PCC en Bolivia representa una amenaza real y multidimensional para la seguridad nacional. No se trata de una invasión violenta, sino de una infiltración sigilosa, encubierta, basada en redes de cooperación con actores locales y en la explotación de vulnerabilidades estructurales. La respuesta estatal debe ser igualmente integral reforzando el sistema penitenciario, desarticulando redes logísticas, promoviendo la cooperación internacional, fortaleciendo la justicia y asumiendo una política de Estado libre de ambigüedades, más allá de ciclos electorales y discursos retóricos.
Solo con medidas estructurales sostenidas -y no meros operativos aislados- Bolivia podrá poner freno a esta sombra del crimen organizado que busca arraigarse y normalizarse dentro del territorio nacional.