La crisis de la democracia es un fenómeno global de larga data, y Bolivia no escapa a esta tendencia. En el país, con el propósito de fortalecer el sistema democrático, se incorporaron mecanismos de democracia directa, dado que desde el año 2000 se atravesaba una crisis política producto del agotamiento de la democracia pactada y la imposibilidad de alcanzar consensos mínimos. La reforma constitucional de 2004 modificó el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para incorporar esta modalidad. Así, la Ley Nº 2769 del 6 de julio de 2004, Ley del Referéndum, dispuso que las ciudadanas y los ciudadanos, mediante sufragio universal, puedan decidir sobre normas, políticas o asuntos de interés público. La Constitución vigente desde 2009, en su artículo 11, parágrafo I, establece: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.
La democracia representativa se basa en la elección de autoridades mediante sufragio. El pueblo no gobierna directamente, sino a través de sus representantes. Este modelo se sustenta en principios fundamentales: elecciones periódicas y predecibles, procesos auténticos y transparentes, respeto al Estado de derecho y actuación imparcial de las autoridades.
Por su parte, la democracia directa permite a la sociedad civil intervenir en el diseño de políticas públicas, participar en su cogestión y ejercer control social. Norberto Bobbio planteó una democracia integral que combine la dimensión representativa con la directa. En Bolivia, además, se reconoce la democracia comunitaria, que refleja el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas conforme a sus normas y procedimientos propios.
a integración de estas formas da lugar a lo que se denomina democracia intercultural, basada en la complementariedad entre la democracia directa, representativa y comunitaria, en el marco del Estado Plurinacional. Sin embargo, a pesar de este marco normativo, la democracia atraviesa una profunda crisis.
Entre las causas de esta crisis destacan la debilidad institucional, especialmente del Órgano Judicial, la corrupción, el hiperpresidencialismo, el incumplimiento de derechos fundamentales, la erosión de libertades públicas y el colapso de los partidos políticos. Aunque podrían identificarse muchos otros factores, abordaremos los más relevantes desde una óptica constitucional, para analizar cómo las acciones y omisiones de los poderes públicos contribuyen al deterioro del sistema democrático.
Uno de los factores más alarmantes es el deterioro del sistema de justicia y el rol del Órgano Judicial, ejemplificado en la judicialización de la política: el uso del aparato judicial para perseguir a adversarios políticos. Esta situación revela la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Casos como la habilitación o inhabilitación arbitraria de candidatos en procesos electorales ilustran esta práctica. La confianza en las instituciones judiciales ha caído a niveles críticamente bajos, generando una sensación de inseguridad jurídica generalizada.
Otro problema estructural es la falta de democracia interna en los partidos políticos. El principio según el cual la democracia externa debe nacer de la interna no se cumple en Bolivia. A diferencia de modelos como el estadounidense, donde las elecciones primarias permiten seleccionar a los candidatos más representativos, en Bolivia los liderazgos suelen concentrarse en figuras autoritarias que buscan perpetuarse en el poder. Esta dinámica ha impedido la renovación de liderazgos y el desarrollo de propuestas programáticas serias.
La corrupción, señalada como uno de los principales obstáculos al desarrollo democrático, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de que los funcionarios actúan en beneficio propio y no del bien común debilita el sentido de pertenencia y legitimidad del sistema. Los escándalos reiterados que involucran a expresidentes y altos funcionarios han deteriorado aún más la imagen de los gobiernos y partidos.
A ello se suma la persistencia de desigualdades económicas, sociales y educativas, que el sistema democrático no ha logrado corregir. La falta de equidad y oportunidades genera frustración, especialmente entre sectores históricamente excluidos, y alimenta la desconfianza hacia la capacidad de la democracia para resolver problemas estructurales.
Otra expresión de la crisis es la debilidad institucional, que se traduce en conflictos entre órganos del Estado y una ausencia de mecanismos eficaces de coordinación y control. Esta situación, sin embargo, también puede abordarse desde una dimensión ética: la carencia de valores cívicos y políticos que sustenten una cultura democrática orientada al bien común. La distorsión o abandono de estos valores afecta la calidad del debate público y la participación ciudadana.
La desafección política, el desencanto con los partidos y la apatía electoral son síntomas visibles del desgaste del sistema. La ciudadanía percibe que su participación no tiene impacto real, lo que debilita la legitimidad de los procesos electorales y la estabilidad institucional.
La crisis de la democracia en Bolivia no es un hecho aislado, sino el resultado de múltiples factores acumulados y entrelazados. Superarla implica no solo reformas institucionales, sino también un cambio cultural que restituya la confianza ciudadana y revitalice el pacto democrático.