Un nuevo tiempo basado en institucionalidad, independencia y sentido común para la justicia boliviana fue proclamado en la inauguración del Año Judicial 2026 en Sucre, donde el presidente Rodrigo Paz y su homólogo del TSJ, Rómer Saucedo, hablaron de ‘coincidencias y apoyo.’ La consolidación de la independencia del Órgano Judicial se ha convertido en una condición indispensable para recomponer la credibilidad del Estado y recuperar la confianza de una ciudadanía cansada de la impunidad, la retardación de justicia y la instrumentalización política de los tribunales.
Durante décadas, la percepción dominante fue que jueces y fiscales respondían más a intereses partidarios que al mandato constitucional de administrar justicia de manera imparcial. Ese descrédito no solo debilitó al sistema judicial, sino que erosionó el pacto democrático en su conjunto. En ese contexto, resulta significativo que hoy el Órgano Judicial muestre señales claras de que ya no se doblega ante el poder político, tras la desaparición del malhadado ministerio de Justicia para establecer una relación de distancia y respeto con el Gobierno y otros órganos del Estado. La reafirmación de su autonomía, expresada en decisiones que incomodan al gobierno de turno y en una mayor defensa de sus atribuciones constitucionales, marca un punto de inflexión. No se trata de un gesto menor porque la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía ciudadana. Cuando los jueces actúan sin presiones, la ley deja de ser un instrumento de revancha o protección selectiva y comienza a funcionar como un marco común de convivencia.
Sin embargo, la independencia de la administración del sistema judicial no se sostiene solo con discursos o resoluciones valientes. Requiere condiciones materiales mínimas que hoy están lejos de cumplirse. El dato es elocuente y alarmante: el Órgano Judicial recibe apenas el 0,5% del Presupuesto General del Estado, cuando diversos estudios y la experiencia comparada indican que debería contar, como mínimo, con un 5% para funcionar de manera eficiente y digna. Esta brecha presupuestaria no es un detalle técnico, sino una forma silenciosa de asfixia institucional.
Con recursos tan exiguos, resulta casi imposible modernizar juzgados, reducir la carga procesal, garantizar la capacitación permanente de jueces y funcionarios, o implementar tecnología, como la digitalización de los expedientes y las audiencias para acercar la justicia a la gente. La consecuencia directa del actual sistema caracterizado por su obsolescencia y falta de confiabilidad es una justicia lenta, saturada y distante, que termina castigando sobre todo a los sectores más vulnerables. Paradójicamente, se exige al Órgano Judicial independencia y eficiencia, pero se le niegan los medios básicos para cumplir con esa responsabilidad.
La recuperación de la confianza ciudadana pasa, entonces, por una coherencia que el Estado en su conjunto debe asumir. Si realmente se apuesta por un Órgano Judicial independiente, transparente y profesional, el presupuesto debe reflejar esa prioridad. Invertir en justicia no es un gasto superfluo: es una inversión en estabilidad democrática, seguridad jurídica y paz social. Fueron señalados como objetivos fundamentales por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, incluyendo la reforma judicial a implementarse sin más demora el próximo año.
Bolivia tiene ante sí una oportunidad histórica. Para su sistema judicial largamente cuestionado, la decisión de no someterse al poder político es un paso firme en la dirección correcta. Ahora corresponde que el poder político, en un acto de madurez democrática, garantice los recursos necesarios para que esa independencia no sea solo simbólica, sino efectiva y sostenible. Solo así la justicia podrá dejar de ser vista con desconfianza y volver a ser reconocida como lo que debe ser: un pilar fundamental del Estado de Derecho y un servicio al pueblo, no al poder.