El anuncio hecho por el Gobierno de Luis Arce -de garantizar combustibles solo hasta el 8 de noviembre, fecha en la que terminará su mandato- representa, en el mejor de los casos, una señal de pasividad administrativa, y en el peor, un agravio a la responsabilidad estatal. Esta promesa, desvinculada del imperativo de gobernar más allá de un calendario político, revela desdén y falta de seriedad respecto a la seguridad del abastecimiento energético que sostiene al país.
Desde hace meses, numerosos sectores enfrentan el mismo escenario: el incumplimiento sistemático de compromisos oficiales y la ausencia de transparencia frente a quejas reales. Transportistas que en las calles soportan filas de horas -incluso días- reciben respuestas oficiales que hablan de normalidad, negando la propia realidad.
La crisis de combustible ha causado daños irreparables en el aparato productivo nacional. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advierte que el 90% del transporte de insumos y productos está paralizado, con esperas de entre uno y cinco días en surtidores, justo en plena cosecha de invierno y la previa de la campaña de verano destinada a sembrar 3,3 millones de hectáreas, de las cuales 1,6 millones son de soya -pilar de nuestra soberanía alimentaria- y parte fundamental de la producción nacional.
El sector azucarero y etanol también sufre por la falta de combustible: sin acceso a diésel, su capacidad de producción y generación de empleo se ve afectada. A esto se suma el sector lechero, que reporta caídas de producción en Cochabamba de hasta el 50 %, como resultado de escasez de alimento balanceado que depende del transporte. Estos hechos anticipan un impacto grave en la canasta familiar y amenazan la estabilidad alimentaria.
Por su parte, Anapo ha debido importar su propio diésel, pagando más de Bs 13,50 por litro y enfrentando una logística de al menos diez días solo para mantener mínimas operaciones. Esta acción puntual no exime al Estado de su deber central: garantizar el combustible para la producción nacional.
En este contexto, un gobernante verdaderamente responsable comprendería que su deber trasciende incluso la fecha de conclusión del mandato. Abandonar o condicionar este compromiso a una fecha simbólica es, cuando menos, una actitud poco patriótica, poco seria, y lisa y llanamente irresponsable.
Para dimensionar la gravedad, recordemos que el país necesita unos 13 millones de litros de combustibles al día -390 millones al mes- cifras que demuestran la magnitud de lo que está en juego. Asimismo, YPFB reconoce que se requieren alrededor de USD 63 millones semanales para normalizar el suministro, pero solo cuenta con unos USD 55–60 millones. Es decir, ni siquiera los recursos financieros para la importación alcanzan para mantener el flujo básico de energía.
Este escenario es más que una crisis técnica: es un drama nacional, con efectos sobre la seguridad alimentaria, la estabilidad social y el tejido económico. La respuesta del Estado no puede limitarse a señales temporales o promesas que culminan con el mandato. Se necesita una gestión que ponga a la población por delante del calendario político, que asegure el abastecimiento de manera sostenida y que reconozca que gobernar es responder; no correr solo mientras hay vidriera política.
En definitiva, garantizar combustibles solo hasta el final del mandato equivale a apagar el motor del país justo cuando más lo necesita. La historia juzgará la voluntad de gobernar con sentido patriótico, no con fecha de caducidad.