El Decreto Supremo (DS 5503) dispone medidas inmediatas para estabilizar la economía con tres objetivos: recuperar liquidez externa, fortalecer las reservas internacionales y garantizar el abastecimiento de combustibles. Parte de un diagnóstico acertado. En el “qué hacer” está bastante alineado con lo que ya se sabe; donde aparecen los matices —y algunas tensiones no necesariamente irreconciliables— es en el “cómo hacerlo”.
El decreto describe una crisis estructural marcada por desabastecimiento, inflación y deterioro de reservas, en un contexto de déficit fiscal y diferenciales cambiarios. Sobre esa base, fija nuevos precios para la gasolina y el diésel y establece un período transitorio de seis meses. Se puede debatir si el ajuste debió ser más gradual o más rápido; sin embargo, es difícil negar que algún realineamiento era necesario para reducir distorsiones y empezar a anclar expectativas.
Un segundo eje es el frente cambiario. El DS habla explícitamente de una “implementación progresiva” de un nuevo régimen cambiario, abriendo la puerta a una transición hacia mayor flexibilidad. La dirección es razonable: si no se ordena el mercado cambiario, el traspaso del tipo de cambio a los precios puede comerse vivo cualquier esfuerzo de estabilización. En esa línea, es pertinente que el Banco Central cuente con herramientas y líneas de liquidez para sostener la balanza de pagos. El punto débil es que varios detalles operativos —por ejemplo, los mecanismos previstos en el artículo 120— quedan abiertos; cuanto más tarde se definan mecanismos, plazos y responsabilidades, mayor podría ser el espacio para incertidumbre y especulación.
El decreto también incorpora amortiguadores sociales. Medidas como el Bono Juancito Pinto (Bs 300) van en la lógica correcta de compensar a quienes reciben el golpe con más fuerza. Se puede discutir su alcance, la focalización o la velocidad de implementación, pero el principio de acompañar el ajuste con protección social es el correcto.
En materia de ingresos, el DS eleva el salario mínimo a Bs 3.300 desde enero y, al mismo tiempo, congela incrementos salariales en el sector público con excepciones. El congelamiento converge con la idea de evitar indexaciones generalizadas; el aumento del mínimo, en cambio, es una señal política potente, pero no exenta de riesgos si termina empujando una espiral salarios-precios en el mediano plazo. Por eso, aquí el mensaje es mixto y exige una ejecución cuidadosa.
En conjunto, el DS 5503 es amplio y, en buena medida, responde a urgencias reales. Con los matices señalados, el eje central de sus medidas apunta en la dirección correcta: ordenar precios, recomponer el frente externo y acompañar el ajuste con medidas sociales. La pregunta decisiva no es si el diagnóstico es correcto, sino si la implementación estará a la altura.