La aprehensión del expresidente Luis Arce vuelve a colocar en el centro del debate uno de los episodios más oscuros de la administración pública boliviana: el caso del Fondo Indígena, una institución nacida del sacrificio y la resistencia de los pueblos originarios que lucharon durante años por acceder a una vida digna y a una parte justa de la riqueza generada por el gas. Aquella conquista histórica -el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)- prometía desarrollo, autonomía y reparación. Sin embargo, terminó convertida en la muestra más dolorosa de cómo una causa legítima puede ser desvirtuada por la corrupción, el clientelismo y la manipulación política.
Los datos del propio Estado lo confirman. Entre 2006 y 2014, el Fondioc debió recibir 3.925 millones de bolivianos, pero solo ingresaron 3.197 millones. La diferencia -727,5 millones de bolivianos- nunca fue explicada de manera convincente. A ello se suma el daño económico directo superior a los 300 millones de bolivianos identificado por las auditorías de la Contraloría y por otras investigaciones oficiales y periodísticas: proyectos fantasma, obras inexistentes, desembolsos duplicados y transferencias realizadas a cuentas particulares sin ningún control. El descalabro institucional fue tal que, de 3.462 proyectos aprobados, solo uno fue ejecutado y cerrado de manera correcta. El resto quedó abandonado, estancado o simplemente evaporado en una cadena de irregularidades que involucró a dirigentes y autoridades.
Todo esto ocurrió bajo la supervisión -y en muchos casos con la firma- de las más altas autoridades del MAS. Durante cinco años, Nemesia Achacollo presidió el directorio del Fondo, mientras el Ministerio de Economía, encabezado por Arce, manejaba la distribución del IDH aplicando recortes que jamás fueron informados con transparencia. En paralelo, se consolidó un sistema de organizaciones paralelas afines al poder, cuyos dirigentes recibieron desembolsos millonarios sin rendición de cuentas efectiva. El diseño normativo permitió transferencias directas a cuentas personales, creando un circuito perfecto para el desvío de recursos y la discrecionalidad política.
Pero quizás lo más indignante es la dimensión humana del caso. Marco Antonio Aramayo, el funcionario que se atrevió a denunciar la red de corrupción, fue privado de libertad, procesado múltiples veces y sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Murió en prisión, sin recibir atención médica oportuna, como consecuencia directa de un sistema judicial que castigó al denunciante y protegió a quienes usufructuaron del Fondioc. Su muerte simboliza la degradación institucional de un país donde la justicia fue utilizada como arma para silenciar a los incómodos y blindar a los poderosos.
Hoy, cuando la justicia finalmente alcanza a figuras de jerarquía, Bolivia enfrenta una prueba decisiva. No se puede permitir que resurjan discursos de victimización ni maniobras destinadas a desviar responsabilidades. Los hechos están documentados: hubo una estructura política que permitió el desvío sistemático de recursos destinados a los pueblos indígenas; hubo decisiones administrativas que mutilaron el financiamiento; hubo operadores que convirtieron el Fondioc en una alcancía partidaria; hubo un daño irreparable a comunidades que creyeron en una promesa de desarrollo que nunca llegó.
Bolivia necesita transparencia y justicia.
No se pueden repetir las prácticas del pasado.
Bolivia necesita que los corruptos paguen por sus delitos, que se recuperen los recursos dilapidados y que ningún involucrado pretenda hoy victimizarse cuando lo que le corresponde es responder por sus actos.