Bolivia está cerrando uno de los capítulos más oscuros de su vida democrática reciente: la permanencia irregular de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Durante casi dos años, estas autoridades se mantuvieron en sus cargos pese a que su mandato ya había concluido, amparándose en una resolución que ellos mismos redactaron. No se trató de un detalle técnico ni de una interpretación discutible: fue un acto que colocó a un grupo de jueces por encima de las reglas que todos debemos respetar.
La autoprórroga no solo vulneró la Constitución; dañó la confianza pública en la institución que debería protegerla. El Tribunal Constitucional -que existe para poner límites al poder- terminó rompiendo la voluntad del soberano. Lo que ocurrió entre 2023 y 2025 no fue una simple controversia jurídica, fue un retroceso democrático, una señal de que cuando los árbitros deciden convertirse en jugadores, el Estado de Derecho queda en riesgo.
La gravedad del episodio radica en que no fue un accidente. La crisis se incubó desde el momento en que la anterior Asamblea Legislativa bloqueó y manipuló el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales. La parálisis política abrió la puerta para que los magistrados interpretaran ese vacío como una oportunidad para extenderse en el cargo. Pero ningún vacío -real o inventado- justifica que un juez prorrogue su propio mandato. Esa decisión quebró un principio básico de la vida republicana: los cargos públicos tienen límites y nadie puede fijar los suyos propios.
A esa irregularidad histórica se sumó una preocupación mayor: la forma en que el Tribunal operó durante su permanencia ilegal. Disputas internas, documentos filtrados y fallos controvertidos revelaron una sala plena capturada, un funcionamiento opaco y una priorización de decisiones que respondían más a intereses coyunturales que a criterios jurídicos. La justicia constitucional, que debería ser el espacio más técnico e independiente del país, se convirtió en un tablero político donde los fallos se resolvían con una rapidez o lentitud que parecía estar menos bastante vinculada la coyuntura y muy alejada del derecho.
Las consecuencias fueron visibles. El TCP intervino en disputas electorales, reinterpretó competencias de otros órganos del Estado y emitió resoluciones que generaron tensiones institucionales innecesarias. Mientras tanto, causas de fondo, especialmente aquellas ligadas a derechos fundamentales, quedaron postergadas. La legitimidad del Tribunal se erosionó drásticamente, y con ella, la confianza ciudadana en la justicia como un conjunto.
Intentar corregir el problema mediante elecciones judiciales parciales fue otro error. Ese mecanismo, presentado como una salida pragmática, resultó ser un parche que no resolvió la crisis de origen. Los magistrados prorrogados continuaron en funciones, la estructura interna del Tribunal no cambió y el país siguió atrapado en una incertidumbre constitucional que se prolongó más de lo debido.
El cierre de este ciclo llegó finalmente por la vía jurídica: una acción popular que forzó el cese inmediato de los magistrados prorrogados. Fue un recordatorio saludable de que, incluso en momentos de deterioro institucional, los mecanismos de control ciudadano pueden funcionar. Pero no debemos engañarnos: el fallo no repara automáticamente el daño hecho ni restaura de inmediato la confianza perdida.
El episodio de la autoprórroga deja una advertencia clara. El Estado de Derecho no se quiebra de golpe, sino de a poco, cada vez que quienes deben cuidarlo deciden colocarse por encima de él. Lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional debe servir como un recordatorio severo de que la Constitución no es un recurso del poder, es su límite. Y que un país que no protege sus límites pronto deja de reconocer sus derechos.