La reciente aprehensión de Felipe Cáceres, “zar antidroga” durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, pone en evidencia las profundas contradicciones y sombras de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia durante la era del MAS.
Más allá de las evidencias presentadas por el actual Gobierno en contra de Cáceres y de las denuncias de Evo Morales, quien sostiene que se trata de un caso montado para incriminarlo a él y a dirigentes cocaleros, lo cierto es que estas altas exautoridades deberán probar, tarde o temprano, que no tuvieron vínculos con el narcotráfico. Ello, pese al enorme conflicto de intereses en el que incurrieron durante el ejercicio de sus funciones y a la estrecha relación que mantenían con colaboradores que cayeron presos por tráfico de drogas.
La trayectoria de Cáceres levanta sospechas desde hace décadas. En 1996, cuando ya era dirigente cocalero, fue elegido alcalde de Villa Tunari, corazón del trópico de Cochabamba. Ya entonces era evidente que gran parte de la coca producida en la región se desviaba al narcotráfico.
Diez años después, Morales llega a la Presidencia como máximo dirigente de las federaciones del Chapare y nombra a Cáceres “zar antidroga”. Se mantendría 14 años en ese cargo: un récord. El hecho de que Morales no haya renunciado a su rol de dirigente cocalero y haya designado a un colega suyo para combatir el tráfico de drogas constituye un abierto conflicto ético. Es como poner a los ratones a custodiar el queso.
Al final de la gestión de Cáceres, en 2019, la Contraloría cuestionó su abultado patrimonio —9,2 millones de bolivianos, superior al de Morales y al del entonces ministro de Economía, Luis Arce—. Él alegó que se trataba de negocios familiares.
Más comprometedor aún es que varios directores de la Felcn bajo su mando terminaron detenidos. Baste mencionar al general René Sanabria, capturado en Chile por agentes encubiertos de la DEA, y a Maximiliano Dávila, último director de la Felcn designado por Morales, arrestado en la gestión de Arce cuando intentaba fugar a Argentina. Estos casos son pruebas irrefutables de que el narcotráfico y el crimen organizado internacional se habían incrustado en las altas esferas del gobierno de Morales.
Por eso, ahora no sorprende que a Cáceres lo hayan aprehendido tras hallarse en su propiedad una fábrica de cocaína de alta pureza con capacidad para producir hasta 160 kilos al día. Tampoco asombra que una de las hermanas del clan Terán haya sido encontrada con droga de forma reincidente, revelando —según informes— la existencia de la fábrica en terrenos de Cáceres.
El trópico de Cochabamba se ha convertido en una especie de republiqueta donde las fuerzas del orden y la justicia tienen acceso restringido. Allí los propios cocaleros vigilan su lucrativo negocio, instalan controles para alertar de la presencia policial e incluso se enfrentan armados a las fuerzas antidroga. Claramente esos “clanes familiares” protegen el narcotráfico y, de paso, a Evo Morales, hoy con orden de aprehensión en la justicia.
El Gobierno de Arce acaba de confirmar que esa región concentra más del 90% de la actividad del narcotráfico en Bolivia. Se estima que la mayor parte de las 170 toneladas de droga incautadas en la presente gestión provienen de allí. El Gobierno ve esa cifra récord como un logro; también puede interpretarse como un aumento exponencial de la producción, ya que apenas un 10% llega a ser incautado.
El resultado es que Bolivia se ha convertido en un gran productor, comercializador y exportador de cocaína a decenas de países. Y eso tiene mucho que ver con la forma en que se ha llevado adelante la lucha antidroga en los últimos años: personas con serios conflictos de intereses y con subalternos involucrados en el crimen, como Felipe Cáceres y Evo Morales, fueron los encargados de combatir una actividad ilícita que tanto daño causa a la sociedad dentro y fuera de nuestras fronteras.