Bolivia atraviesa una encrucijada económica seria: escasez de dólares, alto déficit fiscal y una crisis de combustibles que asfixia. En este contexto, el país necesita claridad, madurez y responsabilidad en el manejo de la deuda externa.
Lo que no necesita —y lo que resulta francamente alarmante— es una sentencia judicial que criminaliza una decisión técnica adoptada en un momento de emergencia. La condena a algunas autoridades económicas por haber gestionado un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la pandemia es un grave error jurídico, económico e institucional.
Se trató de un instrumento de financiamiento rápido, aprobado por el FMI sin condiciones estructurales y diseñado precisamente para contextos de urgencia sanitaria. Cientos de países accedieron a este mismo mecanismo. Solo en Bolivia se convirtió en un delito.
Peor aún: el Banco Central de Bolivia reconoció en 2023 que el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI no constituye un préstamo, sino una operación financiera estándar dentro de sus atribuciones. La sentencia, entonces, no solo es injusta: es profundamente incoherente con los propios actos del Estado boliviano.
Este fallo envía un mensaje peligroso (incluso para el gobierno saliente): que en Bolivia, actuar con rapidez y responsabilidad en momentos de crisis puede llevar a la cárcel.
¿Quién querrá firmar un contrato, ejecutar un préstamo o tomar una decisión crítica si después puede ser procesado penalmente por criterios ambiguos o intereses políticos?
Lo más grave es que esta judicialización de la deuda externa ahuyenta a los técnicos, bloquea la administración pública y sabotea la credibilidad internacional del país. ¿Cómo pretender que organismos multilaterales nos otorguen créditos si somos incapaces de garantizar seguridad jurídica sobre su gestión?
Administrar adecuadamente la deuda externa y pública no significa endeudarse por costumbre ni por conveniencia política. Significa seguir criterios técnicos claros: que la deuda sea sostenible en el tiempo, es decir, que pueda pagarse sin comprometer el crecimiento del país ni el gasto social; que se use para financiar proyectos con retorno económico y social, no para cubrir gastos insulsos o inversiones de dudosa rentabilidad.
También es importante que se negocien condiciones favorables de tasa, plazo y moneda, como lo establece el artículo 322 de la Constitución; y, sobre todo, que exista absoluta transparencia sobre su uso y destino. La deuda puede ser una palanca de desarrollo, pero también una trampa si se maneja mal o se politiza.
Y, sin embargo, la contradicción es escandalosa. En 2020 se rechazaban los créditos por razones supuestamente éticas, e incluso se promulgó la Ley 1313 para el Control y fiscalización de endeudamiento público y donaciones con el fin de bloquear los créditos en esa gestión.
Estos años —con la misma vehemencia— se exigen nuevos préstamos para oxigenar la economía y ejecutar proyectos. Las mismas voces que promovieron la Ley 1313 ahora han acusado, y con razón, al Legislativo de paralizar el país por no aprobar más deuda.
Ante este panorama, es urgente un giro de fondo en la discusión. Administrar bien la deuda externa significa usarla para proyectos con impacto real, asegurar que sea sostenible en el tiempo y garantizar transparencia absoluta. Pero también significa defender la capacidad del Estado de actuar con agilidad en momentos críticos, sin miedo a persecuciones futuras.
El próximo gobierno no podrá sostenerse sin financiamiento externo. Y si el sistema judicial convierte en crimen la gestión responsable de deuda, simplemente estará condenando al país a la parálisis.
Es momento de construir una política de Estado sobre la deuda, no una con cálculo electoral. El crédito externo es una herramienta legítima y necesaria. Y lo que realmente amenaza la soberanía y la estabilidad del país no son los créditos, sino la inseguridad jurídica. La historia sabrá juzgar esta decisión.