Recientes publicaciones de la CEPAL sobre desarrollo en América Latina y Caribe y Estadística Macroeconómica dan cuenta de la situación de pobreza en la que nos encontramos la mayoría de los países de la región, no solo por el indicador del PIB per cápita y el porcentaje de pobreza en la población, sino por la ausencia de calidad de desarrollo respecto a la salud, educación, seguridad y bienestar en general.
Trascurrida ya más de una quinta parte del Siglo XXI es preocupante analizar como los países con mayor participación en su PIB de los sectores extractivos (minería e hidrocarburos) seguimos anclados en el bajo nivel de desarrollo económico y la pobreza social que lacera la dignidad del ser humano. Solo para analizar la región Sudamericana de forma comparativa; la producción de Bolivia, Ecuador y Venezuela, predominantemente extractiva, su PIB Per cápita es menor al promedio de América Latina y en el caso de nuestro país constituye el más bajo de la región con 3.400 dólares americanos per cápita por debajo de Ecuador que tiene 6.000 dólares americanos per cápita y Paraguay 5.400 dólares americanos per cápita de ingresos anuales, según datos del Anuario Estadístico 2022, de la CEPAL.
El más claro ejemplo del fracaso de una política económica basada en el extractivismo es Venezuela, que en los años de gestión del actual gobierno socialista el PIB se redujo en más de 80% y el año 2021 el PIB Per Cápita bajó a los 1.550 dólares americanos, incomparables con los más de 10.500 dólares americanos per cápita del año 2015. Cabe aclarar que Venezuela es en extremo dependiente de la producción de petróleo crudo, que a pesar de ser uno de los mayores productores mundiales, ha llegado a soportar severas crisis de escases de combustibles derivados de su propia materia prima.
Respecto a la situación de pobreza, según datos de 2021 de la misma CEPAL, los países de menor desarrollo económico relativo en Sudamérica como Bolivia presentan el 29% de la población con pobreza y el 10% con pobreza extrema, mientras que Ecuador arroja un índice de pobreza del 28.5% y del 7.6% de pobreza extrema en tanto que Paraguay tiene 21% de su población en pobreza y 6% en pobreza extrema. Por el contrario, países sin recursos petroleros ni minerales como Uruguay tienen solo el 5% de su población en pobreza y sin pobladores en pobreza extrema, Chile tiene 14% de su población en pobreza y 4,5 en pobreza extrema. En resumen, tienen menos pobres quienes menos dependen de la explotación de sus recursos extractivos.
La dependencia de los recursos extractivos conlleva una fragilidad macro en los ingresos e inestabilidad de la balanza de pagos, pues las fluctuaciones en los precios internacionales provocan periodos de bonanza y crisis de forma consecutiva. En el caso de los hidrocarburos como el petróleo y el gas natural que se extraen del subsuelo, las variaciones de sus precios no solo afectan los ingresos, sino la inflación interna y la devaluación de la moneda, como lo han vivido Brasil, Argentina, Venezuela y Colombia durante el 2021 y 2022 con índices altos de inflación y devaluaciones constantes que provocaron convulsión social en estos países.
Si analizamos el caso particular de Bolivia en los últimos veinte años la participación de los sectores de la industria extractiva (minería e hidrocarburos) en el PIB nacional, en promedio ha oscilado entre el 12% y 15%, mientras que en promedio seis de cada 10 dólares americanos (60%) de exportación corresponden a estos mismos sectores productivos. El año 2014, de mayor auge por la elevación de los precios del petróleo crudo y consecuentemente del gas natural y muchos de los minerales, en particular oro y plata, las exportaciones de ambos sectores llegaron casi al 70%, ocho años después la situación no ha cambiado, el oro en mineral y metal constituye el principal producto de exportación (23%) y el gas natural constituye el segundo producto de exportación (22%), lo que marca la continuidad de la dependencia del extractivismo por casi 200 años.
El problema del extractivismo no son los recursos per sé, que deben explotarse de forma racional y amigable con el medio ambiente, buscando la mejora en la distribución de los ingresos derivados de estos recursos y en consecuencia mayor equidad social. El problema esencial radica en convertir a la industria extractiva en el sostén del desarrollo económico y social, sin diversificar la economía a los sectores secundario y terciario, sin promover el uso de la industrialización de estos mismos recursos que se exportan como materias primas básicas y simplemente dejan como herencia irreparables daños ambientales como el caso de la explotación irracional del oro en ríos contaminados con mercurio o zonas de prospección y explotación hidrocarburífera intervenidas sin consenso ni consentimiento con las comunidades.
Los recursos naturales no renovables son patrimonio de todos los bolivianos sin distinción alguna, por tanto, deben aprovecharse de forma racional y sostenible garantizando la protección del medio ambiente, las políticas de desarrollo no pueden estar ancladas en el extractivismo, que debería ser una fuente de soporte de la inversión pública y privada en los sectores industrial de manufacturas, agropecuaria, servicios y turismo.