En Bolivia abundan las protestas, las medidas de presión y las huelgas “hasta las últimas consecuencias”. Más aún en estos tiempos de crisis generalizada, en los que sobran motivos para que la gente exprese su indignación y reivindique causas que, por lo general, le afectan de manera directa. Sin embargo, son muy pocos quienes protestan en defensa de los derechos de otros, con abnegación, sacrificio y sin esperar nada a cambio. Y si, además, esa virtud de defender y amar a los desamparados es una lucha de por vida, entonces estamos hablando de personas únicas e irremplazables. Una de ellas es Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
Amparo tiene 86 años y sigue plantando cara a quienes pisotean los derechos ajenos. Sentada en una silla a la intemperie, frente a la sede de su organización —de la que fue desalojada por afines al gobierno de turno— continúa recibiendo denuncias de ciudadanos atropellados. Sin recursos para mantener la operación de su entidad, apela a la solidaridad de los transeúntes, que a cuentagotas depositan monedas en un frasco rojo. Esa es hoy su realidad: la anciana Amparo, con la salud quebrantada, recurriendo a la limosna para poder seguir defendiéndonos.
“¿Cómo puede estar una persona de 86 años, dos años y tres meses en la calle?”, se pregunta ella misma ante la consulta periodística. “Pues, llorando”, se responde. Sus lágrimas son, sin duda, de indignación y frustración: por no conmover a los poderosos que le impiden trabajar y, quizá también, por una sociedad indiferente, que protesta por todo y por nada, pero que a la hora de luchar por los más desamparados brilla por su ausencia.
Pero Doña Amparo Carvajal está curtida en remar contra la corriente. Lo hace desde que llegó a Bolivia, hace 54 años, proveniente de su natal España. Entonces el país se debatía entre dictaduras, y de inmediato ella se involucró en la defensa de las reivindicaciones sociales de indígenas y campesinos. Su compromiso ha sido constante y su apoyo se ha hecho sentir allí donde era necesario: en la marcha por el Tipnis, en las movilizaciones por los presos políticos de los casos del Hotel Las Américas y el Porvenir, y en muchas otras causas.
Su trabajo social ha sido reconocido en varias oportunidades: fue nombrada personaje del año y llegó a ser candidata al Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, nada de eso parece importar hoy. La fragilidad no está en su cuerpo anciano, sino en nuestra memoria colectiva. ¿Cómo es posible que, como sociedad, no tengamos la voluntad suficiente para que Amparo no tenga que pasar sus días en esa silla perdida en el tumulto de la avenida 6 de Agosto, en La Paz?
Algunos transeúntes le dan ánimo en su vigilia y le dicen que ya vendrá un nuevo gobierno para poner las cosas en orden y darle el sitial que merece. Pero ¿de verdad hay que esperar a otro gobierno para honrar a una heroína de los derechos humanos y apoyarla en una lucha que debería ser la de todos?
Este episodio de la vida de Amparo Carvajal debería sacudirnos. Es comprensible que la gente cifre sus esperanzas en un cambio de gobernantes ante la precariedad institucional a la que hemos llegado. Pero no debemos perder de vista que la defensa de la dignidad humana es una tarea permanente de la sociedad, no un gesto ocasional del poder de turno. Eso es precisamente lo que Amparo ha hecho durante toda su vida. Y es también lo que nos corresponde hacer a nosotros, si queremos una democracia viva y una convivencia digna.