El ejercicio omnímodo del poder es una de las mayores amenazas para la democracia en América Latina. En un sistema democrático ese ejercicio pernicioso se evita mediante la separación de poderes que distribuye las funciones del Estado entre órganos independientes que se controlan mutuamente. Además, el respeto al Estado de derecho garantiza que todas las autoridades actúen conforme a la ley. Cuando el poder se concentra sin controles reales, sin alternancia y sin rendición de cuentas, deja de ser un instrumento al servicio de la sociedad y se convierte en un fin en sí mismo. En ese tránsito, la democracia se vacía de contenido, las instituciones se degradan y los gobernantes terminan atrapados en una lógica autoritaria que los aleja de la ciudadanía y los acerca peligrosamente a la figura del dictador.
La experiencia regional muestra que el poder sin límites no solo corrompe, sino que transforma. Líderes que llegaron al gobierno mediante elecciones legítimas, con discursos de justicia social o reivindicación popular, terminan justificando la censura, la persecución política y la manipulación institucional como supuestos males necesarios para “defender el proceso”. En realidad, lo que defienden es su permanencia indefinida en el poder que los ha obnubilado hasta hacerles extraviar el norte democrático.
El caso del defenestrado Nicolás Maduro en Venezuela es paradigmático. Amparado en un sistema electoral cuestionado, en el control absoluto de los poderes del Estado y en la represión sistemática de la disidencia, su gobierno ha erosionado hasta el extremo los principios democráticos. La separación de poderes es inexistente, la libertad de prensa está severamente restringida y millones de ciudadanos han optado por el exilio como única salida ante el colapso político y económico. El poder omnímodo no ha traído estabilidad ni bienestar a los venezolanos, sino autoritarismo y empobrecimiento.
En Nicaragua, Daniel Ortega ha seguido una ruta similar. Lo que alguna vez fue una referencia de lucha contra la dictadura terminó reproduciendo sus peores prácticas en esa nación centroamericana. La concentración del poder en el Ejecutivo, la cooptación del sistema judicial y electoral, y la persecución de opositores, periodistas y líderes sociales han convertido al país en un régimen cerrado, donde la voluntad popular ya no encuentra canales de expresión. Ortega no gobierna, controla.
En Bolivia, el expresidente y caudillo cocalero Evo Morales Ayma ofrece un ejemplo distinto pero igualmente ilustrativo de los riesgos del poder prolongado. Tras largos años de liderazgo y unos avances sociales indiscutibles, la insistencia de Morales Ayma en desconocer los límites constitucionales y forzar su reelección debilitó la legitimidad democrática de su proyecto. Y cuando un líder se considera indispensable, la democracia empieza a ser vista como un obstáculo y no como un marco de convivencia.
Estos casos, junto a otros en la región, demuestran que el problema no es ideológico, sino estructural: el poder sin contrapesos. La democracia no muere de golpe; se va desangrando lentamente cuando se tolera el abuso, se normaliza la arbitrariedad y se justifica la concentración del poder en nombre de causas supuestamente superiores.
Defender la democracia implica mantener límites, instituciones fuertes y ciudadanía crítica. Preservarla de tentaciones omnímodas y prorroguistas de los empoderados de turno que extravían el rumbo, es un imperativo ciudadano. Ningún gobernante, por popular que sea o por nobles que proclame sus intenciones, debe estar por encima de la ley. La historia latinoamericana es clara: cuando el poder se vuelve absoluto, la libertad siempre es la primera víctima.