Las riadas que golpearon con furia a El Torno y a comunidades vecinas en Santa Cruz han dejado, hasta ahora, un saldo de veinte muertos. Veinte vidas truncadas en cuestión de horas por la fuerza implacable del agua. No son solo cifras. Son familias rotas, niños huérfanos, comunidades enteras sumidas en el duelo mientras continúa, en medio del dramatismo y la incertidumbre, la búsqueda de decenas de desaparecidos.
Y lo más inquietante es que esta tragedia no marca el final de la emergencia, sino apenas su comienzo. La temporada de lluvias en el departamento recién se ha abierto y todo indica que lo peor aún está por venir. Una temporada que podría extenderse incluso hasta el mes de marzo de 2026, según algunas previsiones relacionadas con el clima.
La declaración de estado de desastre departamental es una medida necesaria, pero no suficiente. Llega, además, acompañada de una advertencia que no puede ser ignorada: habrá que trasladar comunidades enteras de las zonas afectadas para proteger vidas. Mientras el gobierno central evalúa la declaratoria de desastre nacional para acceder a la ayuda internacional, el presidente Rodrigo Paz ha pedido tomar todos los recaudos, un llamado que refleja la gravedad del momento al haberse activado una nueva alerta roja por la crecida de ríos en al menos tres departamentos (Santa Cruz, Cochabamba y Beni) donde, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología se ha detectado ascensos progresivos y repentinos del nivel de las aguas cuando puede alcanzar alturas críticas entre hoy y mañana.
En particular Santa Cruz, motor económico del país, vuelve a enfrentarse a una realidad conocida y, sin embargo, repetidamente postergada como la vulnerabilidad frente a los desastres naturales. Cada año las lluvias regresan, los ríos crecen, las alertas se repiten y, aun así, la prevención sigue siendo la gran deuda. Las riadas no distinguen entre zonas rurales y urbanas, pero golpean con más fuerza a quienes viven en condiciones precarias, a orillas de ríos o en tierras inestables, muchas veces por falta de alternativas.
Hoy la urgencia es clara. Se necesitan recursos de manera inmediata para atender a los damnificados, garantizar albergues dignos, alimentos, atención médica y apoyo psicológico. La solidaridad no puede quedar solo en discursos ni en gestos simbólicos. Debe traducirse en ayuda concreta y coordinada entre el Estado, los gobiernos subnacionales, el sector privado y la sociedad civil. Cada día cuenta cuando hay comunidades enteras bajo el agua o bajo la amenaza de perderlo todo.
Pero junto a la respuesta inmediata, esta tragedia exige una reflexión más profunda. ¿Cuántas veces más debe repetirse este escenario para que la prevención sea una política de Estado sostenida en el tiempo? Obras de contención, planificación territorial, sistemas de alerta temprana eficaces y educación comunitaria no son lujos, son inversiones en vidas humanas. Trasladar comunidades es una decisión extrema y dolorosa; hacerlo sin planificación ni condiciones adecuadas solo traslada el problema de un lugar a otro.
El dolor de El Torno y de las comunidades vecinas interpela a todo el país. No es una tragedia ajena ni lejana. Hoy es Santa Cruz; mañana puede ser cualquier otro departamento. Frente al avance del cambio climático y a lluvias cada vez más intensas e impredecibles, la improvisación ya no es una opción.
Honrar a las víctimas significa más que lamentar su pérdida. Significa actuar con responsabilidad, rapidez y visión de futuro. La emergencia demanda unidad, recursos y solidaridad urgentes. Pero, sobre todo, demanda que esta vez la lección no se ahogue cuando baje el nivel de las aguas.