Un conflicto que se inició en abril en Cochabamba acaba de cobrarse sus primeras dos víctimas fatales y ha dejado cerca de una decena de heridos. El origen del problema está en la necesidad del municipio de Cochabamba de encontrar con urgencia un nuevo destino para sus residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara.
La solución temporal fue redirigir los desechos al botadero de Colcapirhua, en la zona de Cotapachi, decisión que no fue aceptada por habitantes del municipio vecino, que desde entonces bloquean intermitentemente el ingreso de los camiones recolectores, con los consiguientes riesgos sanitarios para la capital cochabambina. El último bloqueo, que se prolongó por doce días, fue intervenido por la Policía el lunes pasado y derivó en el desenlace ya señalado, en circunstancias aún no esclarecidas.
El conflicto expone un problema estructural: la falta de una política sostenible y previsora para la disposición de residuos sólidos. En Cochabamba, como en otras urbes del país, se generan cientos de toneladas de basura cada día y los vertederos se saturan rápidamente sin que las autoridades municipales y departamentales establezcan con anticipación una transición técnica, consensuada y ajustada a las normas ambientales y sanitarias.
En ausencia de esta planificación, se imponen medidas de emergencia, como la habilitación de una “celda de contingencia” en Colcapirhua, que pasó de recibir decenas de toneladas diarias a enfrentar la llegada de centenares de toneladas provenientes de una ciudad diez veces más grande. El impacto era inevitable.
La legislación boliviana permite que una ciudad deposite sus residuos en otro municipio, siempre que exista licencia ambiental, adecuación del suelo, acuerdos interinstitucionales y mecanismos de participación ciudadana. Nada de ello parece haber estado adecuadamente consolidado en este caso. De hecho, las comunidades de Cotapachi sostienen que el botadero opera sin licencia, que el terreno corresponde a áreas de pastoreo comunal y que los contratos para su uso carecen de legitimidad.
Desde la perspectiva de Cochabamba, sin embargo, la preocupación es inmediata: una crisis sanitaria por acumulación de residuos en las calles. La urgencia los llevó a tomar decisiones pragmáticas, aunque con ello trasladaran impactos sociales y ambientales a otra población. Ambos lados tienen razones legítimas, aunque desde el punto de vista jurídico y ambiental la posición de los pobladores de Cotapachi y Colcapirhua se sostiene con mayor firmeza. Habrá que consensuar un plan de mitigación.
Al margen del problema sanitario, lo más grave es la violencia registrada en la zona. Hay denuncias de excesos policiales, así como versiones sobre la presencia de grupos de choque. Lo cierto es que dos personas han perdido la vida y varias más han sido heridas por impacto de bala. Ese nivel de violencia es inaceptable en un Estado de derecho. En contextos tensos proliferan intereses que buscan que el conflicto escale y se desborde, y no se puede descartar la participación de actores que se benefician de un clima de inestabilidad.
Este trágico episodio obliga a sentar un precedente: Bolivia no puede permitir que la violencia se normalice ni que los conflictos sociales se resuelvan con represión, improvisación o desidia institucional. La gestión de los residuos sólidos —un servicio esencial para la salud pública— requiere planificación, cooperación entre municipios, mecanismos de participación comunitaria y decisiones técnicas que trasciendan coyunturas políticas. Sin ello, los conflictos como el de Cochabamba seguirán repitiéndose, con costos humanos que el país no puede aceptar.