Santa Cruz vuelve a llorar. Lo hace con ese silencio espeso que deja la tragedia cuando el agua arrasa casas, caminos y certezas; cuando la cifra fría de fallecidos y desaparecidos se convierte en nombres propios, en familias que esperan, en noches de vigilia e incertidumbre. Las inundaciones en El Torno, Colpa Bélgica, Yapacaní y Porongo no son solo un desastre natural: son, ante todo, una tragedia humana. Y frente a la muerte, la desaparición y el dolor, cualquier análisis debe comenzar recordando lo esencial: la vida es el valor supremo. Su pérdida, cuando pudo haberse evitado en alguna medida, interpela a toda la sociedad, pero sobre todo al Estado.
Porque este luto no cayó del cielo. La crecida de los ríos, las lluvias intensas y los desbordes no son fenómenos desconocidos ni imprevisibles. Son parte de una geografía y de un clima que exigen planificación, inversión y prevención permanente. Cada persona fallecida y cada desaparecido recuerdan que la ausencia de acciones oportunas convierte los riesgos en catástrofes y la naturaleza en sentencia.
Por eso, hoy no basta la compasión ni los discursos tardíos. Se requiere una reacción inmediata, eficiente y coordinada del Estado en su conjunto. No se trata -y no puede seguir tratándose- de esperar que los municipios agoten sus escasos recursos, que luego la Gobernación haga lo que pueda y recién después intervenga el Gobierno central. El desastre no respeta competencias ni calendarios administrativos. La emergencia exige actuar antes que discutir papeles, antes que refugiarse en un puritanismo legal que, en contextos como este, se parece demasiado a la indiferencia.
Es saludable que el presidente Rodrigo Paz haya activado un gabinete de crisis. Pero en la magnitud de lo ocurrido, esa decisión es apenas un primer paso. La situación demanda, sin rodeos, la solicitud inmediata de ayuda internacional, especialmente en logística, rescate y transporte aéreo. Más aún cuando el propio mandatario ha reconocido una realidad alarmante: helicópteros en tierra por falta de mantenimiento, una pesada herencia del gobierno de Luis Arce que hoy cobra su costo en vidas humanas. La admisión es grave y obliga a actuar con urgencia, no a administrar excusas.
Esta tragedia también desnuda, una vez más, el fracaso estructural de la prevención de riesgos. Hace apenas algunos días, EL DEBER publicó un reportaje especial que alertaba sobre decenas de puntos vulnerables a lo largo del río Piraí: defensivos inexistentes, deteriorados o abandonados. La respuesta institucional no fue un plan de acción ni una intervención inmediata, sino un cruce de acusaciones entre exautoridades y actuales responsables del SEARPI. Nada más penoso e insulso cuando la amenaza es real y el tiempo apremia.
Hubo un tiempo en que el SEARPI fue una institución fuerte, con capacidad técnica, recursos humanos y autoridad para encauzar ríos y prevenir desastres. Ese tiempo quedó atrás cuando la entidad fue arrastrada a las disputas de la politiquería departamental, debilitada hasta convertirse, en el mejor de los casos, en una institución limitada. Hoy, ese deterioro se refleja en ríos desbordados, comunidades devastadas y un dolor que pudo mitigarse.
El país debe aprender -otra vez- una lección amarga. La naturaleza no negocia, no espera consensos ni perdona improvisaciones. Dios perdona siempre, el hombre a veces, pero la naturaleza, nunca.