El financiamiento de 4.500 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de conceder a Bolivia representa un importante espaldarazo para el país y un logro político y económico del Gobierno del presidente Rodrigo Paz. No solo abre la posibilidad de empezar a revertir la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia, sino que constituye una señal explícita de confianza internacional en la nueva gestión.
En un contexto de escasez de divisas, con indicadores de riesgo país que situaban a Bolivia al borde del default, el monto comprometido llega en el momento más oportuno y ofrece alivio en varios frentes. La abultada deuda externa heredada, sumada a un persistente déficit fiscal —alimentado principalmente por la importación de combustibles subsidiados— había puesto en entredicho la capacidad de pago del Estado y debilitado seriamente su credibilidad financiera.
El dilema era cómo acceder a recursos frescos sin agravar aún más la carga de la deuda. En ese marco, las condiciones ofrecidas por el BID resultan claramente favorables: una tasa cercana al 3,5%, un plazo de 20 años y cinco años de gracia. Se trata, probablemente, del financiamiento más barato y flexible al que puede acceder Bolivia en la actual coyuntura.
Sin embargo, esta nueva deuda solo tendrá sentido si los recursos son invertidos con inteligencia y responsabilidad. El financiamiento no es un cheque en blanco. Exige eficiencia en la ejecución, transparencia, priorización y evaluación de resultados, para no repetir errores del pasado, cuando el endeudamiento externo no se tradujo en desarrollo sostenible. En ese sentido, el Gobierno ha dado señales positivas al anunciar que ordenará la cartera de proyectos mediante una mesa técnica y que las inversiones responderán a una lógica estratégica: infraestructura básica como condición para la productividad y la equidad; transición energética y digitalización como apuestas de futuro; y sectores como la agropecuaria, la minería y el turismo como generadores de divisas y empleo.
Conviene recordar que, por más concesional que sea el crédito, sigue siendo deuda. Bolivia enfrenta déficits fiscales persistentes, baja recaudación y una fuerte presión del gasto corriente. Si los recursos no se traducen en crecimiento económico y mayores ingresos fiscales, podrían surgir problemas de sostenibilidad en el mediano plazo. Por ello, el uso eficiente de estos fondos debe ir acompañado de ajustes internos ineludibles: mayor reducción del déficit fiscal, cierre o reestructuración de empresas estatales deficitarias y una búsqueda real de eficiencia en el aparato público.
Otro elemento relevante es la visita oficial del presidente del BID, Ilan Goldfajn, la primera en 15 años, lo que refuerza el respaldo político e institucional al nuevo Gobierno. Goldfajn expresó su apoyo al Plan de Desarrollo Económico y Social y ofreció asistencia técnica basada en estándares internacionales, reglas claras y enfoque en resultados. Además, abrió la posibilidad de que BID Invest impulse inversiones en empresas bolivianas, con el objetivo de generar empleo, elevar la productividad y atraer capital extranjero. Este componente es clave para que la reactivación no dependa exclusivamente de la inversión estatal.
El apoyo del BID abre una ventana de oportunidad para girar hacia una economía más productiva, formal y sostenible. Convertir esta oportunidad en resultados concretos dependerá, en última instancia, de la responsabilidad política y técnica con la que el nuevo Gobierno administre este respaldo internacional.