Abraham A. Trillo-Sarmiento
Las elecciones de autoridades, principalmente presidenciales, generan focos de atención en diversas esferas e intereses. Este ejercicio democrático no solo concita la atención de la opinión pública de un determinado país, sino que también es determinante en materia de hegemonía mundial. Ahora cada Estado, cada gobierno y sus respectivas posturas políticas influyen en un mundo tendiente a la multipolaridad y conflictividad.
En ese contexto, los postulantes presidenciales ven necesario masificar su mensaje, primando hoy en día el uso de redes sociales. Sin embargo, cuando los mensajes conllevan (des)información con fines de demérito y diatribas al rival de turno, estos se convierten en afectaciones a la libertad de expresión y a la libertad de elección. Este fenómeno cibernético es aprovechado por manipuladores y alborotadores, que distorsionan el comportamiento social a favor de sus fines espurios.
El ciberespacio, para la geopolítica, es el nuevo escenario de poder y de lucha diaria, caracterizada por su carencia de fronteras físicas. La globalización adquirida por las TIC allanaron los esfuerzos para diseminar mensajes con diversos objetivos y grupos de interés, incluida sus capacidades de sabotaje, espionaje, ataques a infraestructuras críticas, lavado de dinero, etc.
Ante esta realidad, la comunidad internacional decidió cooperar y buscar la seguridad para el ciberespacio a través del Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest de 2001. La próxima Convención de Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia se llevará a cabo en octubre de 2025, ocasión en la que Bolivia debería participar, por responsabilidad.
Desde la óptica realista, el humano es un ser conflictivo y, por ende, tiende a trolear o publicar intencionalmente comentarios ofensivos o molestos, aprovechando el internet. El problema se agrava porque las redes sociales, al ofrecer anonimato, fomentan comportamientos antisociales, ataques desproporcionados y la afectación al derecho a la legítima defensa y privacidad, incentivando violencia y dificultando su limitación (ej. Caso Nepal 2025).
La IA ahonda el problema aun más y lo incrementa en magnitud, porque es capaz de producir narrativas engañosas convincentes, denominadas deepfakes, que la convierten en la herramienta más poderosa para la generación de desinformación, guerra sucia, y con capacidades reales para influir en resultados electorales, inclusive.
En Bolivia ya existe la figura de delitos informáticos. Se establecen en dos artículos del Código Penal (arts. 363 bis y 363 ter), aunque ninguno de ellos es aplicable a delitos electorales, noticias falsas o fake news, troleo u otros relacionados. Se hace evidente la necesidad de actualizar la normativa acorde a los desafíos globales.
Entonces, las guerras sucias, no solo apoyadas en desinformación y deepfakes, pueden degenerar en ciberdelitos y, dependiendo de sus objetivos y fines, podrán ser catalogados como ciberterrorismo, lo que implica, su posible persecución a nivel internacional.