Limbert Cruz Bazán era un joven abogado de 39 años y padre de cuatro hijos. En Guayaramerín, Beni, donde vivía, fue baleado por dos gatilleros cuando, junto a su esposa, se aprestaba a ingresar a su domicilio. Poco antes había asumido la defensa legal de una comerciante secuestrada el 6 de septiembre y cuya suerte aún es incierta. La muerte violenta de Cruz Bazán es atribuida, ‘por encargo’, al crimen organizado.
El hecho podría tener que ver con el apogeo del narcotráfico en Santa Cruz y Beni, donde se ha desatado una oleada de crímenes que pone en evidencia una creciente penetración del crimen organizado. Son dos regiones estratégicamente ubicadas por su cercanía con rutas internacionales del tráfico de drogas y que se han convertido en puntos clave para el acopio, procesamiento y envío de cocaína hacia Brasil, Europa y otros destinos.
La institucionalidad del Estado parece rebasada por este fenómeno. Las denuncias de corrupción en las fuerzas del orden, la falta de controles efectivos en aeropuertos clandestinos y pistas ilegales, así como la debilidad judicial, permiten que estas redes operen con relativa impunidad. Además, la presencia del ‘narco’ ha permeado sectores políticos y empresariales, dificultando aún más una respuesta coordinada y efectiva.
Sin fortalecimiento del sistema judicial y policial, la cooperación internacional, control del espacio aéreo y de fronteras, y sobre todo, sin una política estatal firme, coherente y libre de pactos de silencio, el narcotráfico seguirá erosionando la tranquilidad de los bolivianos, la democracia y el tejido social en el país donde urge corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.