El caso Botrading desnuda cómo YPFB convirtió un cascarón societario en Paraguay en un instrumento para revenderse a sí misma combustibles con sobreprecios y contratos inflados. Creada con apenas 46.500 dólares, tres empleados y oficinas prestadas, esta firma recibió adjudicaciones millonarias gracias al respaldo de la estatal, que incluso le prestó dinero para cubrir compromisos que luego retornaban al propio YPFB. Una maniobra burda que no generó valor, sino pérdidas y un circuito perfecto para la corrupción.
Las irregularidades son múltiples: adendas que superaron en más de 150% el monto original, pagos con facturas de productos distintos a los contratados, contratos “fantasma” sin registro oficial y adjudicaciones contradictorias en las que Botrading siempre salía ganadora, incluso ofreciendo más caro. El patrón revela un esquema deliberado de simulación para garantizar ganancias privadas a costa del erario y vulnerar las normas de contratación pública, con instituciones debilitadas y una supervisión complaciente.
El informe aprobado en Diputados y remitido a la Contraloría, al Ministerio Público y a la Presidencia debería ser un punto de quiebre: Las acciones emprendidas por la Fiscalía son positivas, aunque la experiencia muestra que escándalos así terminan en impunidad. La cadena de responsabilidades alcanza a ministros, expresidentes y gerentes de YPFB que avalaron adjudicaciones ilegales. Lo más grave no es solo el daño económico, sino el deterioro de la credibilidad estatal. Cuando la empresa estratégica del país se convierte en fachada de corrupción, el mensaje es devastador: la ilegalidad puede imponerse sobre la norma.