En un mes ya sabremos quien es el nuevo presidente de Bolivia. La votación del 19 de octubre pondrá fin a un largo periodo electoral marcado, sobre todo, por los ataques persistentes entre los diversos frentes. Unos días más tarde, el 8 de noviembre, será la posesión de las nuevas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. A partir de entonces, estarán en sus manos enderezar el rumbo económico del país con el aprovisionamiento regular de combustible, el acceso a dólares y la mejora de las condiciones de trabajo, con estabilidad para unos y oportunidades para otros.
Nuevos retos aguardan al próximo gobierno. Sobre todo, después de esta cruenta campaña que agudizó, aún más, la polarización. La gobernabilidad exigirá acuerdos en la Asamblea. Es decir, las diversas bancadas representadas en el hemiciclo tendrán que recurrir al diálogo franco, aunque no sabremos qué tan sincero, para suscribir pactos y avanzar con la transformación de Bolivia.
Más compleja se vislumbra la reconexión social. Tras años de estigmatizaciones gratuitas respaldadas únicamente en las intencionalidades políticas, la actual campaña ha recurrido nuevamente a esas etiquetas que segmentan. La búsqueda del voto, pareciera, alimenta esa idea de dividir a los bolivianos para sumar apoyos. Los discursos de odio abren brechas que, después, son difíciles de cerrar. Bueno, los legisladores dirán desde sus curules que después de la elección llegan nuevos tiempos y apostarán por las alianzas, algunas suscritas con la particular sonrisa de perro tan particular de nuestra política. En las calles, acortar la brecha social será más complejo. Pero, a los políticos, ya superada la fase eleccionaria, ya no les importará tanto.