El reciente escándalo relacionado con la nacionalización irregular de un alto mando del PCC, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Sudamérica, ha encendido las alarmas sobre la fragilidad del sistema de identidad en Bolivia. El hecho de que un criminal de alto perfil haya logrado obtener cédula de identidad, pasaporte y hasta la nacionalidad boliviana mediante documentación falsa, evidencia graves fallas estructurales en los mecanismos de control del Estado.
Este no es un caso aislado. En los últimos años se ha denunciado reiteradamente cómo extranjeros -algunos con antecedentes delictivos- han conseguido documentos bolivianos presentando partidas de nacimiento falsificadas o comprando certificados en el mercado negro, muchas veces con la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La facilidad con la que se puede acceder a una identidad boliviana revela una preocupante combinación de burocracia laxa, falta de verificación cruzada entre instituciones (como el Servicio de Registro Cívico, Migración y la Policía) y una cultura de corrupción que permite que estos delitos prosperen. Si un jefe narco logró nacionalizarse, ¿cuántos más habrán hecho lo mismo sin ser detectados?
Es urgente que el Estado tome medidas drásticas: depuración interna, auditorías a los procesos de emisión de documentos y una modernización real del sistema de identificación, con biometría avanzada, bases de datos interconectadas y monitoreo externo. Bolivia no puede seguir siendo un refugio fácil para el crimen organizado transnacional. El caso del jefe del PCC no solo es una vergüenza institucional, sino una advertencia clara: sin reformas profundas, la identidad nacional seguirá estando en venta.