La presencia del crimen organizado en Bolivia dejó de ser una conjetura desde que el nombre de Sebastián Marset irrumpió con fuerza en 2023. A partir de entonces, secuestros, ejecuciones con sello de sicariato y hallazgos de arsenales revelaron que el país no solo es ruta, sino también refugio de redes criminales. Sin embargo, las autoridades insisten en minimizar lo ocurrido, reduciendo los hechos a la acción de “emisarios” extranjeros que, supuestamente, no configuran estructuras consolidadas.
La captura en Bolivia de Juliano Biron, líder de Os Manos, o la revelación de que “Mijão”, cabecilla del PCC, se naturalizó con documentos falsos y vivió más de una década en Santa Cruz, muestran que no se trata de simples visitantes. La reiteración de sicariatos, las disputas por territorio y las fachadas empresariales que encubren lavado de activos son síntomas claros de que operan estructuras organizadas con capacidad de reproducir su modelo criminal en el país. Pierde fuerza el argumento de que la presencia de emisarios no equivale a carteles.
Negar la existencia de carteles puede ser políticamente cómodo, pero es un error grave. La frontera entre emisarios aislados y redes instaladas no se define por decreto, sino por hechos: asesinatos sistemáticos, rutas controladas, negocios de fachada y complicidad institucional. Bolivia arriesga quedar atrapada en la lógica de los carteles si persiste en mirar hacia otro lado. El debate no es si ya existen o no, sino cómo fortalecer la institucionalidad para impedir que el crimen organizado termine gobernando.