La violencia se ha enraizado en el territorio boliviano, con hechos que no admiten excusas. Dos personas fueron ejecutadas en Entre Ríos; en Ascensión de Guarayos encapuchados sembraron terror con un herido; y la Policía indaga la posible conexión de Sebastián Marset con los últimos crímenes. No son hechos aislados: organizaciones disputan territorio y comunidades quedan atrapadas entre miedo y silencio.
En zonas críticas, los ciudadanos viven bajo toques de queda informales: se encierran temprano, evitan rutas críticas y aceptan peajes ilegales. La economía tiembla; productores y comerciantes frenan actividades por amenazas, caminos riesgosos y balaceras sorpresivas. La confianza se erosiona cuando los mensajes oficiales relativizan los hechos, mientras la investigación fiscal avanza a cuentagotas y las fronteras facilitan el reingreso de sicarios y armas. El resultado es un estado de indefensión que normaliza lo inaceptable.
El Gobierno insiste en que el problema se reduce a “emisarios” y promete “investigaciones profundas”, pero la realidad exige otra cosa: inteligencia criminal sostenida, comandos mixtos, control de rutas y pistas, coordinación fiscal-policial, protección a testigos y metas medibles con plazos públicos. Urge una estrategia integral que abarque prevención, persecución, decomiso de activos y presencia efectiva del Estado en las zonas grises. Crece el crimen organizado y el Gobierno prácticamente mira para otro lado. ¿Será que en estos casos también está esperando el 8 de noviembre para deslindar sus responsabilidades?