El abandono de casi un centenar de inmuebles del ex Banco Fassil constituye un doble atentado contra la salud pública y el ornato urbano en nuestra ciudad, incluidos municipios vecinos. Edificios cerrados, deteriorados y sin mantenimiento se han convertido en focos de suciedad, proliferación de roedores e insectos, acumulación de basura y potenciales riesgos sanitarios para vecinos y transeúntes. Al mismo tiempo, estos inmuebles degradan el paisaje urbano, afectan la seguridad ciudadana y devalúan su entorno inmediato, enviando un mensaje de dejadez e impunidad en pleno corazón de la urbe más dinámica y progresista del país.
Lo más grave no es solo el estado físico de estas propiedades, sino la absoluta pasividad institucional. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), responsable directa del proceso posterior a la caída del banco, parece haber optado por la inacción, como si el problema se agotara en balances, papeles y liquidaciones, ignorando sus efectos reales sobre la vida urbana. A esta omisión se suma el silencio cómplice de autoridades y entidades competentes, incapaces -o poco dispuestas- a exigir responsabilidades mínimas, como el mantenimiento, la limpieza o el uso temporal de estos espacios.
La ciudad no puede seguir pagando el costo de una quiebra mal gestionada. El abandono prolongado de estos inmuebles revela una preocupante falta de coordinación estatal y una deplorable tolerancia al deterioro colectivo. Santa Cruz merece soluciones, no excusas; acción, no indiferencia. Cuando nadie mueve un dedo, el abandono deja de ser un accidente y se convierte en una forma más de negligencia pública inadmisible.