Durante décadas, la ruptura de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile ha sido un recurso útil para la política, no para la gente. Sirvió para inflamar discursos y señalar un enemigo externo cuando faltaban respuestas internas. Pero mientras los políticos ganaban aplausos, los ciudadanos siguieron viviendo, comerciando y resolviendo su día a día al margen de la retórica oficial.
La realidad es menos solemne y más concreta: el diésel que mueve Bolivia se descarga primero en el puerto de Arica; los autos, los alimentos, los insumos industriales y buena parte del comercio exterior cruzan la frontera con la regularidad de lo inevitable. Eso tiene un nombre muy real: complementariedad económica. Existe, funciona y sostiene economías, aunque los discursos hayan preferido negarla para no incomodar relatos del pasado. En determinadas épocas del año, miles de bolivianos cruzan la frontera para trabajar “en negro” en los viñedos chilenos, sin contratos, sin derechos y sin protección. Son personas que existen fuera del discurso y que justamente por eso necesitan Estados que se hablen, se coordinen y asuman responsabilidades compartidas.
A esa negación se suma un costo mayor: la seguridad. El tránsito de autos robados en Chile, que terminan “blanqueados” en Bolivia, muestra cómo la falta de cooperación debilita al Estado y fortalece al delito. La pregunta final es simple: ¿hasta cuándo dos vecinos cuyos hijos juegan juntos, comparten alimentos y crecen lado a lado -uno más que el otro- seguirán sin dirigirse la palabra por quedar atrapados en el pasado?