El inicio de enero de 2026 confirmó que el año arrancó con alta tensión política en la región. En Bolivia, la aprobación del Decreto Supremo que habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer funciones ejecutivas y tomar decisiones incluso desde el exterior, abrió un debate profundo sobre los límites del poder, la institucionalidad y la soberanía del ejercicio gubernamental. Para sus defensores, la medida responde a la necesidad de garantizar continuidad y gobernabilidad en un contexto complejo por la ‘oposición’ manifiesta del vicepresidente Edman Lara; para sus críticos, sienta un precedente riesgoso que diluye la presencia física del poder y tensiona el equilibrio entre legalidad y legitimidad democrática.
El decreto no solo generó ruido interno, sino que también alimentó la percepción de improvisación normativa en un país históricamente marcado por conflictos en torno al poder y la sucesión. La pregunta de fondo no es solo si la norma es legal, sino si es políticamente sostenible en una sociedad cada vez más sensible a las funciones del mando y la rendición de cuentas.
En paralelo, el escenario regional se vio sacudido por la intervención directa de EE.UU. en Venezuela para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder. Más allá de su alcance real, este movimiento reavivó el fantasma de la injerencia externa y profundizó la polarización continental, obligando a los gobiernos sudamericanos a posicionarse entre el pragmatismo diplomático y la defensa del principio de no intervención. Así, el arranque del primer mes del año dejó claro que América Latina sigue atrapada entre soluciones excepcionales y crisis estructurales.