La captura de Nicolás Maduro y los ataques de Estados Unidos a Venezuela confirman el fin del orden internacional liberal y obligan a Bolivia a adaptarse con pragmatismo a un mundo cada vez más transaccional e imperial.
El 3 de enero de 2026, en una operación militar sin precedentes en el hemisferio occidental, Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos militares en Venezuela para luego capturar al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, quienes ahora deberán enfrentar cargos de narcoterrorismo ante la justicia estadounidense.
El presidente Donald Trump anunció que Washington asumiría temporalmente la administración de Venezuela para garantizar una “transición ordenada” y proteger los intereses energéticos de Estados Unidos.
Este acontecimiento no solo introduce cambios profundos para Venezuela y América Latina, sino que confirma de manera dramática el fin del orden internacional liberal basado en reglas, construido tras la Segunda Guerra Mundial y articulado en torno al sistema de Naciones Unidas, la prohibición del uso de la fuerza y la resolución pacífica de controversias.
Este viejo orden internacional está llegando a su fin. Tal como lo demuestra este suceso en Venezuela y también la “operación militar especial” de Rusia en Ucrania —que igualmente vulneró normas establecidas— ahora rige, al parecer, un nuevo orden internacional abiertamente imperial y también transaccional, en el que las grandes potencias ya no se sienten constreñidas por reglas comunes ni muestran reparos en incumplirlas. En este nuevo escenario, según el agudo investigador Carlos Roa (2025), priman los intereses geoestratégicos, el poder militar y las áreas de influencia.
En efecto, de acuerdo con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025, la protección de sus intereses nacionales predomina sobre los compromisos con instituciones internacionales. El documento subraya el principio de “Paz a Través de la Fuerza”, posicionando el poder militar como el mejor disuasivo para proteger intereses vitales, y establece que Washington reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe mediante un “Corolario Trump” para restaurar su preeminencia en el Hemisferio Occidental, negando a competidores extrarregionales el acceso y control de activos estratégicos.
Desde el otro lado del mundo, China observa con atención y cálculo estratégico los movimientos que hace su principal adversario para marcar territorio. Pues no se trata solo de un mensaje dirigido a los países latinoamericanos, sino sobre todo a Pekín, Moscú y Teherán para disuadir cualquier tipo de injerencia en lo que Washington considera su esfera de influencia.
En esa perspectiva, lo que este acto demuestra no solo es un movimiento de alto impacto geopolítico, sino también un gran negocio: como el propio presidente Trump ha reconocido, el interés está en el petróleo, específicamente en la recuperación de las inversiones de empresas estadounidenses nacionalizadas por los gobiernos venezolanos en 1976 y 2007, así como en el desarrollo de nuevos proyectos de exportación energética.
Frente a este nuevo contexto, Bolivia no puede cometer la ingenuidad de leer esta realidad desde una perspectiva moral o ideológica que se limite a repudiarla y denunciarla, sino que debe tratar de aprovecharla. El renovado interés de Estados Unidos en la región abre la posibilidad de cooperar en áreas de seguridad, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, atraer inversiones para el desarrollo de sectores productivos estratégicos y acceder al mercado estadounidense para manufacturas bolivianas, que los gobiernos del MAS despreciaron y desaprovecharon.
Afortunadamente, esta es la orientación que ha comenzado a seguir el actual gobierno de Rodrigo Paz, que ha iniciado un acercamiento positivo con la economía más grande del mundo, que es, a su vez, la economía que más invierte en América Latina, incluso más que China, según datos de la Cepal (2025).
En este punto, es imperioso aplicar los principios del realismo periférico: priorizar los intereses nacionales, minimizar costos de enfrentamiento con las grandes potencias y adoptar una estrategia pragmática y transaccional, enfocada en captar inversiones para el desarrollo de la minería, el litio y otras actividades intensivas en capital, que contribuyan a salir de la crisis económica actual.
Aunque este giro ya ha despertado críticas de los sectores que apoyaron la inconducente retórica antiimperialista de anteriores gobiernos —acusando a la nueva administración de “entreguismo” u “obsecuencia”—, lo cierto es que en el contexto actual una política de confrontación discursiva contra la mayor potencia militar del planeta no habría hecho más que exponer al país a sanciones económicas o presiones militares. Por esos motivos, los bolivianos debemos sentir alivio de haber logrado una transición democrática y pacífica que evitó quedar atrapados en una dinámica de aislamiento y confrontación, ocasionada por los vínculos del gobierno del MAS con el narcotráfico, como hoy está ocurriendo con el gobierno venezolano.
En definitiva, en el nuevo orden internacional que se está configurando, adaptarse con inteligencia no implica renunciar a la soberanía, sino ejercerla con realismo, prudencia estratégica y sentido de supervivencia nacional.