La intervención militar de un país sobre otro, cualquiera sea el pretexto que la justifique, constituye siempre una señal de alarma para el orden internacional. No se trata solo de la violación de la soberanía de un Estado, sino del reconocimiento implícito de que la diplomacia fracasó, de que los organismos multilaterales fueron incapaces de cumplir su función y de que el derecho internacional quedó reducido a una declaración de principios sin fuerza efectiva.
Ese principio, sin embargo, no puede servir como coartada para relativizar la naturaleza del régimen que gobernó Venezuela en los últimos años. Nicolás Maduro no fue simplemente un presidente cuestionado. Ejerció el poder como un dictador que, con absoluto descaro, desconoció la voluntad popular expresada en las urnas, en 2024. Las actas electorales difundidas por la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, mostraron una derrota contundente del oficialismo en la última elección general.
El madurismo no solo se sostuvo en la manipulación electoral. Construyó una estructura de poder violenta, sustentada en la persecución sistemática de opositores, la cooptación de las instituciones y una corrupción generalizada. A ello se suman denuncias persistentes sobre vínculos con el narcotráfico que comprometen a las más altas esferas del poder. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen, ha sido señalado por diversas instancias internacionales como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una acusación que revela la degradación institucional alcanzada en Venezuela.
Las consecuencias sociales de ese modelo autoritario fueron devastadoras. La crisis económica, el colapso de los servicios básicos y la escasez crónica empujaron a millones de venezolanos a abandonar su país. La diáspora venezolana, una de las más grandes y dolorosas de la historia reciente de América Latina, es el testimonio humano de un fracaso político profundo.
Hoy, tras la caída de Maduro, Venezuela no ingresa automáticamente en un escenario de estabilidad. Por el contrario, enfrenta un vacío de poder cargado de incertidumbre. Desde el punto de vista constitucional, correspondería que Delcy Rodríguez asuma la presidencia; sin embargo, el control efectivo de las fuerzas policiales y militares sigue en manos de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino López. La justicia, por su parte, continúa respondiendo a las directrices de Tarek William Saab. Todos ellos figuran en listas de sanciones de Estados Unidos, con restricciones económicas, políticas y órdenes de captura, lo que limita severamente cualquier intento de normalización institucional.
En ese contexto surge la pregunta clave: ¿existe una alternativa democrática real capaz de conducir una transición ordenada? El binomio conformado por Edmundo González y María Corina Machado representa, sin duda, la esperanza de amplios sectores de la sociedad venezolana. No obstante, incluso desde Washington se expresan dudas sobre su capacidad para aglutinar a todas las fuerzas políticas y garantizar gobernabilidad. El propio Donald Trump ha manifestado escepticismo y ha insinuado una salida inédita: que Estados Unidos administre de facto el proceso venezolano desde fuera, hasta que el país esté en condiciones de una transición plena.
Semejante pretensión resulta inaceptable. Gobernar un país desde el extranjero, por más noble que se declare la intención, supone una forma de tutela incompatible con el derecho internacional y con la autodeterminación de los pueblos. La comunidad internacional no debería permitirlo, así como tampoco debería haber tolerado durante años la consolidación de una dictadura en el corazón de América Latina.
Venezuela no despierta hoy en un amanecer luminoso. Sigue en un túnel oscuro, plagado de riesgos y tensiones. Acompañar ese proceso con responsabilidad, sin intervenciones arbitrarias ni silencios cómplices, es el desafío ético y político que enfrenta la región.