El caso Botrading vuelve a colocar bajo la lupa a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y expone la fragilidad de su gobernanza corporativa. Lo que debía ser un mecanismo eficiente para asegurar combustibles se ha convertido en un nuevo frente de cuestionamientos sobre legalidad, transparencia y eficacia. La denuncia del diputado Carlos Alarcón muestra con detalle cómo esta empresa constituida en Paraguay, con capital mayoritario de YPFB Refinación y participación menor de YPFB Logística, opera más como un cascarón societario que como un actor real del mercado. Con apenas tres empleados y un capital mínimo, habría intermediado compras millonarias de diésel y crudo que terminaron siendo revendidas a la propia YPFB, un esquema que levanta sospechas de simulación y de conflicto de interés.
Los números son elocuentes. Según la investigación legislativa, en varios contratos se aprobaron adendas que superaron con creces el límite del 10% previsto en la normativa, con un caso extremo en el contrato 366: de un monto original de 31 millones de dólares, se pasó a más de $us 274 millones. También se documentaron pagos de diésel cargados a contratos de crudo y la existencia de un contrato “fantasma” que aparece en planillas de pago pero no en la lista oficial. A esto se suma la contradicción en las licitaciones: Botrading fue adjudicada incluso cuando ofertaba precios más altos que otros competidores, lo que demuestra que no existía competencia real sino un favorecimiento sistemático.
YPFB, en su defensa, difundió una nota de prensa en la que celebra la aprobación del informe de la Cámara de Diputados como prueba de licitud. Afirma que Botrading ha generado más de 56 millones de dólares en utilidades que retornarán al país y que, a diferencia de traders como Vitol o Trafigura, esas ganancias no se van al exterior. Sin embargo, la explicación es insuficiente.
Primero, porque la legalidad formal no equivale a transparencia. Segundo, porque no se han publicado estados financieros auditados que confirmen esas utilidades ni un cronograma claro de repatriación. Tercero, porque la deuda de 80 millones de dólares que Botrading contrajo con YPFB Refinación, garantizada con contratos otorgados por la misma estatal, constituye un conflicto de interés que no ha sido despejado.
El problema de fondo no es solo la estructura societaria en Paraguay, sino la ausencia de información verificable y la opacidad en el manejo de recursos públicos. La estatal petrolera se limita a declaraciones generales y rehúye los datos específicos que podrían disipar las sospechas: listas completas de contratos, porcentajes de variación en adendas, criterios de adjudicación, términos de los préstamos intrafirma y mecanismos de control de pagos. Sin estas precisiones, el discurso oficial se reduce a una narrativa de autocomplacencia.
A la falta de claridad se suma un hecho más grave: YPFB ha fracasado en garantizar la estabilidad en el abastecimiento de combustibles. Largas filas en estaciones de servicio, importaciones de emergencia y la incertidumbre permanente sobre la provisión de diésel y gasolina contradicen el supuesto éxito de Botrading. ¿De qué sirven utilidades hipotéticas si el resultado tangible es la escasez y la desconfianza?
Este caso demanda respuestas a la altura de la crisis de confianza. La ciudadanía merece certezas y no excusas. Mientras eso no ocurra, YPFB continuará alimentando la sospecha de que sus negocios se manejan entre sombras, y el país seguirá padeciendo la inseguridad de un abastecimiento inestable.