Una iniciativa parlamentaria que propone penalizar el bloqueo de carreteras vuelve a colocar en el centro del debate nacional una de las prácticas más dañinas y normalizadas de la protesta social en Bolivia. Durante años, el cierre de vías ha sido utilizado como mecanismo de presión política y sectorial sin medir -o ignorando deliberadamente- los costos económicos, sociales e institucionales que acarrea. El resultado es evidente: un país paralizado de forma recurrente, con ciudadanos rehenes de conflictos ajenos y una imagen internacional deteriorada que ya pasa factura.
El derecho a la protesta es legítimo y está reconocido por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, no es un derecho absoluto ni puede ejercerse vulnerando otros derechos fundamentales. El libre tránsito, también constitucional, ha sido sistemáticamente violentado por los bloqueos, afectando a millones de personas que nada tienen que ver con las demandas en disputa. Como los trabajadores que no llegan a sus empleos, estudiantes que pierden clases, pacientes que no acceden a atención médica oportuna y familias que ven interrumpida su vida cotidiana. La tolerancia estatal frente a esta práctica ha generado una peligrosa distorsión en base a la idea de que bloquear es un derecho adquirido y no una infracción que debe ser regulada y/o sancionada.
Las pérdidas económicas causadas por los bloqueos son enormes y acumulativas. Sectores productivos como la agroindustria, la minería, el comercio y el transporte sufren interrupciones que rompen cadenas de suministro, encarecen costos y provocan incumplimientos contractuales. El turismo, una de las actividades con mayor potencial para generar divisas y empleo, ha sido particularmente muy golpeado. La percepción de Bolivia como un “país tranca” ahuyenta visitantes, operadores internacionales e inversiones, generando daños que no se reparan cuando el conflicto se levanta y las carreteras se reabren.
En este contexto, la propuesta de penalizar el bloqueo de carreteras busca restablecer un principio básico de convivencia democrática. Y es que ninguna causa, por legítima que se proclame, puede imponerse mediante la vulneración de derechos de terceros. Regular y sancionar no equivale a criminalizar la protesta; significa establecer límites claros para que el reclamo social se exprese sin paralizar al país. La ausencia de reglas ha incentivado la radicalización y la repetición del bloqueo como primera opción, no como último recurso.
Por supuesto, una norma de este tipo debe ser técnicamente sólida, proporcional y aplicada con imparcialidad. Penalizar sin ofrecer canales efectivos de diálogo y resolución de conflictos sería insuficiente y contraproducente. El Estado tiene la obligación de fortalecer mecanismos de mediación, negociación y respuesta oportuna a las demandas sociales. Pero esa obligación no puede seguir siendo excusa para tolerar una práctica que vulnera derechos, erosiona la economía y debilita la institucionalidad.
Bolivia necesita enviar una señal clara. El conflicto social no puede seguir resolviéndose a costa del país entero. Recuperar el libre tránsito es recuperar confianza, previsibilidad y respeto a la ley. La iniciativa parlamentaria abre una discusión necesaria. Postergarla indefinidamente es aceptar que el bloqueo siga siendo la norma y que el desarrollo del país y el bienestar de los bolivianos continúe detenido en la carretera.