Bolivia atraviesa una crisis que ya no permite autoengaños ni soluciones parciales. El país enfrenta simultáneamente el agotamiento del ciclo gasífero, el colapso del ingreso externo, la pérdida de competitividad, la expansión desbordada de la informalidad y un Estado debilitado que ha dejado de sostener el ingreso nacional. Aun así, parte del debate público insiste en fórmulas antiguas de austeridad o en ajustes fragmentados, como si la economía fuera inmune a la aritmética. Pero la macroeconomía —la de Stützel, Godley, Keynes y Flassbeck— no responde a deseos ni discursos: responde a identidades contables que siempre se cumplen. Y cuando esos saldos no cuadran, la economía se frena, el ingreso colapsa y la pobreza se expande.
Una de estas identidades es decisiva: los saldos financieros de los sectores de una economía siempre deben sumar cero. Hogares, empresas, Estado y sector externo forman un circuito cerrado. Si un sector quiere ahorrar, otro debe endeudarse. Si todos quieren ahorrar al mismo tiempo, el ingreso nacional se destruye. Esto no es teoría ni ideología: es contabilidad. Y esto es exactamente lo que vive Bolivia.
El déficit externo persiste, los hogares y las empresas aumentan su ahorro precautorio y el Estado —aunque no aplique austeridad explícita— ya no puede absorber ese ahorro ni compensar la caída del ingreso debido al agotamiento de reservas, su deterioro fiscal y la pérdida de anclas macroeconómicas.
En esa combinación, el resultado es inevitable: los saldos se cierran por la vía más destructiva, es decir, derrumbando el ingreso nacional. Primero cae el salario nominal, porque las empresas reducen horas, congelan sueldos y recortan personal. Luego cae el salario real, porque la inflación importada erosiona el poder adquisitivo. La secuencia es implacable: menos ingreso, menos inversión, menos empleo, aún menos ingreso.
Japón enfrentó una crisis similar en los años 90, cuando hogares y empresas se replegaron al ahorro y dejaron de invertir. El motor interno se apagó y el país estuvo al borde de una depresión histórica. La respuesta japonesa fue tan poco ideológica como rigurosamente macroeconómica: si el sector privado retrocede, el Estado debe avanzar. Por eso el gobierno japonés expandió el gasto público, sostuvo el ingreso disponible, defendió la capacidad productiva, estabilizó el crédito y evitó la destrucción masiva de empresas.
Lo hizo a pesar de tener una deuda pública superior al 200 % del PIB, porque comprendía algo fundamental: sin ingreso no hay inversión, sin inversión no hay productividad y sin productividad no hay economía. Japón entendió que la alternativa a no endeudarse no era la estabilidad, sino un colapso aún más costoso.
No es casual que, en 2025, ante nuevas señales de desaceleración global, el gobierno japonés volviera a aprobar un paquete de apoyo superior a los 100 mil millones de euros. Como sintetiza Heiner Flassbeck, “quien habla de deuda pública sin hablar del ahorro del sector privado no ha entendido nada”. En momentos de contracción privada, el gasto público no es un lujo, sino el estabilizador de última instancia.
Bolivia, sin embargo, enfrenta una anomalía aún más compleja que la japonesa. No colapsó el sector privado formal: colapsó el Estado, el único actor capaz de sostener el ingreso cuando los otros se retraen. Al mismo tiempo, la economía informal —que ya representa el 82% del PIB— funciona como un Estado paralelo. Genera divisas, fija precios, absorbe mano de obra y opera fuera de la tributación, compitiendo directamente con el Estado por autoridad y territorio. El sector formal, debilitado por quince años de sobrevaluación cambiaria, perdió capacidad productiva y dejó de invertir. El sector externo dejó de aportar ingresos porque el gas se agotó y las exportaciones cayeron.
En este contexto, ningún sector está dispuesto ni tiene capacidad para asumir el déficit necesario para sostener el ingreso nacional. Y cuando nadie toma ese rol, la economía ajusta por la peor vía: caída del ingreso, del crédito, del empleo y de la inversión. Por eso Bolivia no puede copiar mecánicamente la receta de Japón; antes necesita reconstruir su aparato estatal, su régimen cambiario, su base tributaria y su credibilidad macroeconómica.
Una de las herramientas centrales para recomponer el ingreso es la subvaluación competitiva. Ningún país en la historia se industrializó con una moneda fuerte. Alemania, Japón, Corea, China y Vietnam utilizaron tipos de cambio reales competitivos durante décadas para impulsar exportaciones, atraer inversión productiva y crear empleo formal. Bolivia hizo exactamente lo contrario: mantuvo una moneda sobrevaluada que abarató importaciones, encareció la producción nacional, destruyó industria y empujó a millones hacia la informalidad.
La subvaluación competitiva no es una devaluación caótica, sino un pivote estructural que redefine incentivos y vuelve viable producir y exportar. Pero ese pivote requiere un complemento indispensable: una política fiscal inteligente que sostenga el proceso mientras el aparato productivo se reconvierte. No se trata de un keynesianismo vulgar de gasto sin sentido, sino de inversión estratégica en infraestructura, energía, logística y cadenas exportadoras, junto con la eliminación de subsidios improductivos sin golpear salarios nominales.
La inversión privada depende del ingreso esperado; cuando el ingreso cae, nadie invierte. Por eso el Estado debe cerrar la brecha de demanda que ni hogares ni empresas ni sector externo pueden cerrar. Nadie niega que un Estado abusivo e ineficiente tiene que ser transformado. Pero el riesgo de adoptar recetas mileístas, austriacas o neoclásicas compulsivas y radicales es enorme.
Estas doctrinas parten de supuestos falsos: que el mercado se autocorrige, que el ajuste debe ser inmediato y que el ahorro genera inversión automáticamente. La realidad demuestra lo contrario: el ahorro simultáneo destruye el ingreso, sin demanda no hay inversión y sin Estado los saldos no cierran. Si Japón hubiera aplicado esa receta, habría colapsado. Si Bolivia la aplica hoy, el resultado sería catastrófico.
A todo esto, se suma un actor adicional: la economía ilegal. El narcotráfico, el contrabando, el oro informal y la tala mueven entre 5% y 8% del PIB y operan como un verdadero Estado paralelo. Mientras ese sistema prospere, la política fiscal será insuficiente, la política cambiaria se fracturará y el sector formal no despegará. La reconstrucción estatal no es un complemento: es la condición previa para cualquier estrategia de desarrollo.
Bolivia aún puede salir de su profunda crisis, pero solo con una estrategia integral, simultánea y coherente. Necesita una subvaluación competitiva que recupere competitividad, una política fiscal inteligente que sostenga el ingreso, una reconstrucción profunda del Estado, disciplina monetaria creíble, combate frontal al Estado paralelo, inversión productiva y expansión sostenida de exportaciones.
La economía con un círculo virtuoso es como una “jarra de la viuda”: solo se mantiene llena si alguien la llena continuamente. Hoy hogares y empresas están retraídos; si el Estado no actúa, “la jarra de la viuda” se vacía. Japón demostró una verdad simple: sin ingreso no hay economía; sin economía no hay Estado; sin Estado no hay futuro. Los responsables políticos deben tomar medidas integrales sin pérdida de tiempo ni sometidos y cálculos políticos inmediatistas, deben actuar antes de que la ventana histórica se cierre. Lo que está en juego no es un simple programa económico: es la viabilidad misma de la sociedad y del Estado.