La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de anular la condena de 10 años que pesaba sobre la exmandataria interina Jeanine Áñez, acusada de gestar un golpe de Estado por Evo Morales, y ordenar su liberación inmediata e irrestricta, representa un hito simbólico, político y jurídico en Bolivia. El efecto inmediato de su salida de prisión, tras el proceso electoral cumplido en el país, genera inevitables tensiones y expectativas tanto para quienes la celebran como para quienes la critican.
La resolución del TSJ señala que la vía judicial ordinaria utilizada para juzgar a Áñez era inadecuada, pues por su investidura le correspondía un juicio de responsabilidades para exmandatarios. Al declarar la nulidad de la sentencia, se abre una doble lectura: por un lado, es una victoria de la defensa que argumentó vulneraciones al debido proceso; por otro, es un episodio que pone bajo escrutinio la independencia de la justicia, su uso en clave política y el subsiguiente impacto para la gobernabilidad.
Para los partidarios de Áñez, su liberación es la reparación de una injusticia cometida en un contexto de polarización: denuncian detenciones preventivas prolongadas, falta de respeto a garantías procesales y persecución política. Para sus detractores, sin embargo, este hecho representa un salto desde el ámbito penal hacia la arena política, elevando la posibilidad de que su retorno figure como elemento de movilización, reordenamiento opositor o, en el mejor de los casos, como catalizador de una reconciliación pendiente y que requiere el país.
En Trinidad, la escena de su recibimiento adquirió matices entre lo familiar, regional y político. Para el Beni, una región tradicionalmente periférica en Bolivia, la figura de Áñez representa también una reivindicación de identidad, de voz desde la Amazonía boliviana, y una señal de que desde ese territorio se puede incidir en los ejes del debate nacional. El carácter apoteótico de la bienvenida la convirtió en acto fundacional para su espacio político. Al participar como invitada en la posesión del nuevo gobierno de Rodrigo Paz y luego partir hacia su lugar de origen, el mensaje es claro: empieza una nueva etapa para ella con visibilidad, legitimidad y plataforma pública.
Ese retorno no está exento de desafíos. Entre ellos, la calidad institucional. El fallo judicial es considerado como una señal de que la justicia puede corregir sesgos; pero al mismo tiempo despierta recelos: ¿estamos ante un precedente positivo para la defensa de garantías procesales? ¿O ante una vía de escape política para una figura que aún tiene procesos pendientes? La respuesta será clave para la percepción de la independencia judicial en Bolivia.
Finalmente, queda pendiente el reto de la reconciliación. La excarcelación de Áñez ofrece un espacio para que el país reflexione sobre la lógica de castigo y persecución política, verdad y memoria de los hechos de 2019-2020. Pero también conlleva el riesgo de que la figura de la exmandataria sea instrumentalizada por sectores que buscan reorganizar su capital político bajo la bandera del ‘ajuste de cuentas’ más que de la verdad compartida.
La liberación de Jeanine Áñez no es una simple nota política. Es el reflejo de una Bolivia que busca cerrar capítulos, pero que al mismo tiempo debe estar abierta al diálogo profundo sobre su pasado y los costos de la polarización. En la capital beniana, Áñez fue arropada y ovacionada mientras el país se encuentra en una coyuntura que invita a repensar justicia, democracia y unidad. Si su liberación se gestiona como un paso hacia adelante, puede convertirse en parte de la construcción de un nuevo contrato social que cuando menos reduzca el riesgo de reproducir la fragmentación que tanto daño ha hecho al tejido social y político boliviano.