La devastación provocada por los incendios forestales en Santa Cruz se ha vuelto una tragedia repetida, cíclica y profundamente alarmante. Cada año, miles de hectáreas de bosque desaparecen bajo las llamas, afectando no solo a la biodiversidad de una de las regiones más ricas en ecosistemas del continente, sino también a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que dependen del equilibrio ambiental para sobrevivir. Esta situación, lejos de tratarse de un fenómeno natural incontrolable, es el resultado de políticas permisivas, negligencia estatal y un modelo productivo extractivista que ha priorizado el lucro inmediato sobre la sostenibilidad ecológica.
Los incendios no son simplemente fuegos que se salen de control; en muchos casos, son provocados de forma intencional. La práctica del “chaqueo”, es decir, la quema de terrenos para su habilitación agrícola o ganadera, sigue siendo ampliamente tolerada, pese a los riesgos extremos que conlleva durante la temporada seca. A esto se suman condiciones climáticas agravadas por el cambio climático: sequías más prolongadas, temperaturas más elevadas y vientos intensos que convierten cualquier chispa en una catástrofe.
La magnitud de la devastación no puede reducirse a estadísticas, aunque estas sean alarmantes: cientos de miles de hectáreas arrasadas cada año, miles de animales calcinados o desplazados, familias enteras perdiendo sus hogares, y un ecosistema golpeado hasta sus cimientos. La Chiquitanía, el Pantanal boliviano y otras áreas de alto valor ecológico han sido víctimas recurrentes de este desastre. Pero lo más preocupante es la normalización del incendio como parte del ciclo productivo: se quema, se denuncia, se olvida y se vuelve a quemar. Y así, el bosque pierde.
El Estado boliviano ha mostrado una inaceptable pasividad ante esta realidad. Aunque existen leyes que restringen las quemas no autorizadas y que castigan los ecocidios, su aplicación es la excepción y no la norma. Las multas son bajas y los controles, escasos. Más aún, ciertas leyes promulgadas en años recientes han abierto la puerta para la ampliación de la frontera agrícola, incluso en zonas forestales protegidas, incentivando de manera indirecta las quemas ilegales.
No se puede hablar de sostenibilidad sin detener esta destrucción. La resiliencia del ecosistema tiene un límite, y todo indica que nos estamos acercando peligrosamente a él. Cada incendio no solo destruye árboles y mata animales; también acelera el calentamiento global, emite gases contaminantes, contamina las fuentes de agua y empobrece los suelos. La pérdida de bosques es también pérdida de futuro, de identidad y de posibilidad de vida digna para las generaciones venideras.
Pero no todo está perdido. Existen comunidades indígenas que resisten, que cuidan sus territorios y que han demostrado tener una relación armónica con la naturaleza. Hay organizaciones civiles, ambientalistas y académicos que han propuesto alternativas viables, desde la agroecología hasta la gestión comunitaria del bosque. El problema no es la falta de soluciones, sino la falta de voluntad política para aplicarlas.
La devastación que vive Santa Cruz cada año no puede seguir siendo tratada como un infortunio estacional. Es una crisis estructural que exige respuestas estructurales. Mientras se siga viendo al bosque como un obstáculo y no como un aliado, el fuego encontrará su camino. Y cuando el último árbol haya ardido, ya no habrá ni excusas ni recursos que puedan revertir el desastre. Solo quedará la ceniza de lo que fuimos incapaces de proteger.