El final de un mandato es siempre un tiempo de balance. En el caso del presidente Luis Arce Catacora, la pregunta resulta inevitable: ¿deja un legado que trascienda su gestión o una deuda que la historia recordará con severidad? La diferencia no es menor. El legado corresponde a los estadistas, aquellos que piensan más allá del corto plazo y construyen instituciones sólidas, políticas públicas sostenibles y un marco de respeto a la ley y a la democracia. La deuda, en cambio, es la huella de los gobernantes que se limitaron a administrar, sin transformar positivamente la vida de su pueblo.
En lo económico, Arce deja un panorama complejo. La inflación, que golpea los bolsillos de la gente, y el desabastecimiento recurrente de combustibles reflejan un modelo agotado, incapaz de sostener el crecimiento de antaño. Las restricciones a las exportaciones, justificadas en discursos proteccionistas, han causado daños irreparables en sectores productivos y comerciales.
A la par, la sombra de la corrupción se extendió sobre su administración. Los escándalos alcanzaron incluso a ministros de Estado, debilitando la confianza ciudadana y reforzando la percepción de que la transparencia fue un discurso más que una práctica real. En lugar de marcar distancia con estas prácticas, el gobierno permitió que la impunidad se convirtiera en norma.
En el terreno de los derechos y libertades, su gestión también deja heridas abiertas. Las detenciones de Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari fueron interpretadas, dentro y fuera del país, como actos de arbitrariedad política más que como procesos judiciales imparciales. Estas decisiones erosionaron la credibilidad de la justicia y profundizaron la polarización social.
Las Fuerzas Armadas, tradicionalmente llamadas a ser instituciones de cohesión y garantía constitucional, vivieron una etapa de desinstitucionalización. El nombramiento de José Luis Zúñiga como comandante del Ejército, pese a sus antecedentes, y el bochornoso episodio del 26 de junio de 2024 -cuando se mezclaron órdenes políticas y maniobras militares en un sainete que alarmó al país- fueron señales de una relación malsana entre poder civil y militar.
La política internacional tampoco fue un terreno de logros. La ideología prevaleció sobre los intereses nacionales, y la vinculación estrecha con gobiernos autoritarios como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán restó credibilidad a Bolivia en el escenario global. Mientras otras naciones buscaban diversificar alianzas y atraer inversión, el país se fue aislando bajo banderas que poco aportaron al bienestar ciudadano.
Conviene recordar, por contraste, lo que significa un verdadero legado. La reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra bajo Adenauer, las reformas democráticas de Adolfo Suárez en España o las políticas de reconciliación de Nelson Mandela en Sudáfrica son ejemplos de líderes que entendieron que gobernar es, sobre todo, sembrar futuro. Sus decisiones no estuvieron exentas de errores, pero su horizonte fue siempre mayor que la coyuntura.
La historia suele ser justa con los buenos gobernantes e implacable con los mediocres. Será ella quien juzgue, con el paso de los años, lo que Arce dejó. Pero en el presente, más allá del relato oficial, vale la pena reflexionar sobre si realmente existió un legado en su gestión o si, como parece, lo que queda es una pesada deuda para el futuro de Bolivia.