Por Orlando Saucedo Vaca
Un Pacto Fiscal no es más que un acuerdo sobre el presupuesto del hogar, un hogar llamado Bolivia. Este pacto define las reglas del juego financieras sobre cómo se recaudan y distribuyen los recursos, algo fundamental en un Estado con autonomías. Sin embargo, el andamiaje financiero que sostiene al país, diseñado para otra era, se ha vuelto no solo obsoleto, sino un obstáculo para el progreso.
El problema de fondo es una asfixiante contradicción con el mandato constitucional de autonomía. La realidad financiera lo demuestra: el Gobierno Central administra el 89% del presupuesto total. En consecuencia, apenas un 11% queda para ser repartido entre todas las gobernaciones, municipios y universidades públicas del país.
Esta concentración genera una asimetría inaceptable que socava el principio de igualdad ciudadana. De hecho, hay departamentos donde un ciudadano recibe tres veces más transferencias que otro solo por haber nacido en una región distinta, evidenciando profundos desequilibrios horizontales que el sistema actual agrava en lugar de corregir.
Además, el nivel central transfiere competencias, es decir, responsabilidades, sin los fondos necesarios para cubrirlas. El traspaso de la gestión de los hospitales de tercer nivel a las gobernaciones es el ejemplo más emblemático de esta carga financiera insostenible que se impone unilateralmente desde el poder central.
Por si fuera poco, la recaudación es incompleta al cobrarse impuestos con "VALORES" (Notas de Crédito Fiscal) que no entran a la bolsa coparticipable. Solo en 2022, esta práctica restó Bs. 1.172 millones a los municipios. Estas grietas no son fallas administrativas; imponen un costo real y paralizante sobre el desarrollo del país.
En este contexto, el costo real de estas fallas es cuantificable. Un estudio técnico de "Costeo Competencial" revela, para el caso de Santa Cruz, un déficit anual de Bs. 1.845 millones para cubrir las competencias no financiadas. Este déficit crónico obliga a las gobernaciones a desatender áreas clave para el desarrollo regional.
Frente a este diagnóstico, la propuesta de un nuevo pacto busca un rediseño fundamental de la relación financiera. Por ende, su corazón es pasar de la actual distribución de coparticipación tributaria 75/25 a un reparto equitativo 50/50, donde el nivel central y las autonomías reciban por fin partes iguales.
Este nuevo 50% para las regiones incluiría por primera vez a actores hoy excluidos, asignando un 15% a las gobernaciones y un 2% a los pueblos indígenas. A su vez, fortalecería a los municipios (23%), a las universidades (7%) y crearía un Fondo Compensatorio (3%) para reducir las brechas de desarrollo.
No obstante, un verdadero pacto va más allá del dinero. La propuesta se sostiene en cuatro pilares: una política de ingresos justa que incluya los VALORES, una política presupuestaria que garantice autonomía real, una política tributaria que permita generar recursos propios y una política de crédito público con reglas equitativas.
En última instancia, el objetivo no es simplemente dar más dinero a las regiones, sino empoderarlas para que financien sus servicios, mejoren el gasto y se conviertan en motores de crecimiento. La meta es abandonar el fallido modelo centralista para edificar uno autonómico y moderno, asegurando que el futuro se construya sobre cimientos de productividad y no sobre las ruinas de un sistema obsoleto.