Bolivia ha depositado su esperanza de mejores días en Rodrigo Paz Pereira. Ayer se vivió una jornada histórica: por primera vez, la población eligió directamente al presidente en un balotaje, sin delegar esa responsabilidad al Legislativo, como ocurría antes, cuando los pactos políticos y las componendas eran inevitables. Hoy, Rodrigo Paz cuenta con la legitimidad que solo otorga el voto ciudadano.
Ese respaldo será crucial. El nuevo mandatario deberá aplicar duras medidas de salvataje económico, ajustes fiscales y recortes significativos que, aunque necesarios, podrían afectar a la economía popular. Por ello, y aunque cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa, Paz Pereira necesitará del apoyo de otras fuerzas políticas para asegurar la gobernabilidad. En esta hora decisiva, los legisladores electos deben dejar atrás la confrontación que marcó la campaña entre el PDC y Alianza Libre, y pensar primero en el país.
El momento es delicado. Bolivia enfrenta una recesión combinada con alta inflación —una estanflación—, escasez de combustibles y de divisas, aumento de la pobreza, desempleo y subempleo. Estos factores han golpeado con fuerza a las familias bolivianas y comprometen el futuro de las próximas generaciones.
Tanto el presidente electo Rodrigo Paz, como el vicepresidente Edman Lara y los asambleístas, deben gobernar para todos los bolivianos, no solo para quienes los eligieron. Es tiempo de dejar atrás las consignas partidarias, los rencores y las mezquindades, y dar paso a una nueva era de consensos alrededor de verdaderas políticas de Estado.
El país necesita reconstruir su institucionalidad, gravemente deteriorada tras dos décadas del MAS en el poder. La tarea no será fácil. El grado de deterioro actual anticipa una recuperación larga y penosa. Los organismos internacionales prevén un horizonte sombrío para 2026 y 2027. El nuevo gobierno deberá enfrentar esos desafíos con transparencia, valentía y serenidad moral, más que con cálculo político.
Rodrigo Paz deberá también tender puentes hacia la sociedad civil y los movimientos sociales, muchos de los cuales fueron cooptados por el poder. La cultura del clientelismo debe quedar atrás. Los ciudadanos han visto cómo sus dirigentes se sometieron al poder a cambio de prebendas, con escaso beneficio para las bases. Es hora de recuperar la confianza en las instituciones y de fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas.
Además de aplicar medidas de emergencia, el nuevo gobierno necesita dinamizar la economía con un cambio de modelo. El esquema masista, basado en la demanda interna, está agotado. Bolivia debe volver a producir, exportar y aprovechar todo su potencial. Se requiere un Estado facilitador, no un “Estado tranca”, y una verdadera profundización de las autonomías, para que el poder esté más cerca de las regiones y de los ciudadanos.
Pero el desafío no se limita a la economía. Es urgente reconstruir la salud y la educación. En el primer caso, se deben erradicar las ineficiencias administrativas que condenan a los pacientes a filas interminables, pasillos hacinados y hospitales sin medicamentos ni equipamiento. En educación, es tiempo de superar el adoctrinamiento político y apostar por una formación moderna, que dote a los jóvenes de las habilidades necesarias para competir en el siglo XXI.
Una vez superada la emergencia económica, el gobierno deberá encarar reformas estructurales: fortalecer la justicia, recuperar la seguridad jurídica, acabar con la persecución política y liberar a los presos políticos.
Que los mensajes de unidad se conviertan en acciones concretas. Bolivia necesita el concurso de todos sus ciudadanos para superar este momento difícil. El país demanda grandeza, serenidad y sentido de nación.