El cierre de la gestión gubernamental de Luis Arce se ve marcado por una crisis profunda, reflejo de un desgaste político y económico en escalada los últimos meses. La escasez de combustibles, -que tiene paralizado virtualmente al país-, no solo ha afectado la movilidad y las actividades económicas, sino que ha desnudado la fragilidad de un modelo económico altamente dependiente de subsidios estatales y de una política energética insostenible. Las largas filas para conseguir gasolina o diésel, sumadas a la incertidumbre cambiaria y la caída de reservas internacionales, han minado la confianza de la población y del sector productivo.
A ello se suma un clima político cada vez más tenso. Las divisiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), el debilitamiento del liderazgo de Arce y la figura omnipresente pero desgastada de Evo Morales, han generado una lucha de poder que paraliza decisiones clave. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta una creciente desesperanza ante un gobierno que parece haber perdido el rumbo.
El escenario preelectoral es desalentador: sin soluciones claras a la crisis económica, con una institucionalidad erosionada y una polarización extrema, Bolivia se aproxima a unas elecciones generales en medio del caos. La gestión del ‘hermano Lucho’, que comenzó con promesas de reconstrucción y estabilidad tras la crisis de 2019-2020, termina sumida en una parálisis alarmante. El país se encuentra atrapado entre un pasado que no termina de irse y un futuro incierto, sin liderazgos claros ni propuestas viables a la vista. El panorama no podía ser peor.